La Constitución de 2010 marcó fronteras en la consolidación institucional de la República al crear el Tribunal Constitucional como órgano supra poderes, con atribuciones extraordinarias de máximo intérprete de la letra y espíritu de la propia Ley de Leyes y como ente de vida activa para la convivencia pacífica.

Al cumplirse 179 años de la Constitución de San Cristóbal, acta de nacimiento del estado dominicano, y en los doce primeros años del Tribunal Constitucional, se vive y percibe un ambiente de dinamismo alrededor de temas sustantivos para la sociedad y el Estado social y democrático de derecho.

Los temas constitucionales son cotidianos, como debió ser siempre, porque se trata de las normas que regulan la relación de las personas con su ordenamiento jurídico, constituyen el derecho usual, la práctica de las buenas maneras del comportamiento ciudadano en base a deberes y obligaciones.

Ese contrato social, como lo llamó Rosseau, contiene mandatos que deben ser perfeccionados para forjar mejores ciudadanos, respetuosos de las normas, usufructuarios de derechos fundamentales, celosos vigilantes del ejercicio de la función pública y disciplinados cumplidores de sus deberes.

El Tribunal Constitucional ha desarrollado una extraordinaria labor no solo en ámbito de la justicia constitucional con alrededor de siete mil decisiones, sino que ha servido de centro de pensamiento, promotor de valores y principios de la Carta Magna, ha estado cercano al pueblo y ha magnificado su misión.

La nación crece en la medida en que se consolidan sus instituciones, se respeta el estado de derecho, se conoce más y defienden los valores patrióticos, la identidad y desde el poder público se resalta la supremacía de la Ley de Leyes, el ordenamiento constitucional y el respeto a los derechos fundamentales.