En República Dominicana, lamentablemente, hay más contento en violar que en cumplir la Constitución, las leyes, los decretos, las resoluciones, los reglamentos, las ordenanzas, los actos administrativos y las sentencias de los tribunales. Y esa práctica es tan extendida que, como un cáncer, ha hecho metátasis en todo el cuerpo social e institucional.

Nada ni nadie se salva de los efectos nocivos de esa costumbre de violarlo todo. Y hasta lo hacen con un aire deportivo.

Desde las altas instancias del poder se jactan de hacer lo que se les pegue en su real voluntad. Parece que se regocijan en ser violadores. Si alguien se atreve a cuestionar el porqué actúan de esa manera, con desparpajo responden porque pueden.

Evidentemente se sienten que están más allá del bien y del mal. Quizá sueñan con ser el súper hombre del célebre filósofo alemán Friedrich Nietzsch. Posiblemente son dioses griegos en su Olimpo de oropeles y soberbia.

Poco les importan los derechos fundamentales que violan. Para ellos eso no tiene importancia. Sin embargo, cuando les conviene se llenan la boca hablando como pontífices sobre el Estado Social y Democrático de Derecho (ESDD) en que supuestamente vivimos, configurado por el artículo 7 de La Constitución. ¿Y la dignidad de las personas que atropellan? Oh, bien, gracias.

Tan hondo ha calado el hábito de las violaciones de nuestro sistema jurídico que para cumplirse un claro y específico mandato constitucional, que es vinculante, directo e inmediato, es necesario que se apruebe una ley que lo reitere.

Ingenuamente o henchidos del noble ideal de justificarlo todo, algunos pensarán que la culpa de no obedecer la Carta Magna se debe a que todavía ven el Pacto Político como un programa o declaración de principios para ser manejados por el Poder, y no para regirlo o controlarlo, como debe ser. Y el lastre que tenemos de la escuela decimonónica del derecho los avala para ser legalistas más que constitucionalistas.
Pero no, no es por esa explicación o base teórica. Es por decidia o desprecio de la mentalidad oligárquica a todo lo que huela a liminación de su voluntad.

Si fuera así, entonces respetarían la ley en sentido estricto. Pero resulta que para cumplirla, requieren un decreto del Poder Ejecutivo que también lo mande, y para que este se cumpla hace falta una resolución de la institución que va a ejecutar. Ella, previamente, pondrá en aplicación un reglamento y dictará otro acto administrativo. Luego, se deberá demandar ante el Tribunal superior Administrativo (TSA) para que dicte sentencia sobre el asunto.

Con seguridad, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y también al Tribunal Constitucional (TC) por cualquier periquito. Y así vamos construyendo nuestro ESDD