Vonete Naisisse, haitiana de 27 años alumbró el sábado pasado en el hospital municipal de Esperanza, Valverde, donde vivía desde hace 6 años. La madrugada del martes, en pleno puerperio, agentes de Migración penetraron abruptamente en su vivienda para llevársela y murió a consecuencia del susto extremo el jueves 20. Deja dos niños de 4 y 5 años y el recién nacido huérfanos.

La semana pasada diversas entidades de defensa de derechos humanos, y también el obispo de la Diócesis de Higüey, condenaron la acción de la Dirección General de Migración por ingresar al Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, a detener a mujeres migrantes haitianas embarazadas, en labores de parto y de lactancia.

Decisiones administrativas de un personal que, sin ninguna preparación, brutaliza y genera efectos excluyentes para la población migrante, obstaculizando el acceso a derechos y servicios esenciales, como la salud y la integridad personal. Además, un personal que se lucra corruptamente de la desgracia de seres humanos, utilizando reglas de odio étnico racial y fuerza irracional.
Todo, ignorando los propios reglamentos de aplicación.

En su condena pública a los hechos, El Foro Feminista Magaly Pineda, expresa que, la Dirección General de Migración retoma estas acciones denigrantes y de maltrato a migrantes embarazadas de manera represiva, pero no resuelve el tráfico de personas por la frontera, a pesar de saber que es una vía de lucro permanente.

Grabaciones de videos en tiempo real y comentarios, difundidos en las redes, mostraron que esto sucede en el país entero, pese a que la Ley General de Migración No. 285-04 establece que la detención nunca será utilizada en casos de mujeres embarazadas o lactantes y que existen pactos y convenios internacionales firmados por el país, reafirmándolo.

El jueves 20, agentes de la Dirección General de Migración entraron sin una orden legal, al hospital materno infantil donde, requisando “a todas las personas de color”, sacaron de las habitaciones a mujeres embarazadas, recién paridas y otras que se encontraban con sus hijos recién nacidos, montándolas en una cárcel móvil, tipo camión, y enviándolas a un centro de detención para ser “depuradas y deportadas”.

Como reclama el propio obispo de Higüey a través de su cuenta de Twitter, desde la perspectiva de los postulados del Humanismo Cristiano, es inaceptable que solo por cumplir un mandato administrativo se pase por encima de la dignidad humana, y él exige que se investiguen profundamente estos hechos.

¿Puede la Dirección General de Migración hacer esto sin consecuencias? Díganlo.