La semana pasada, el Consejo Superior del Ministerio Público ordenó la destitución de la fiscal Margarita Hernández Morales, directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, acusada de beneficiar a imputados de violencias de género graves que terminaron luego en feminicidios en 2019.

Hoy, comparto parte de mi artículo de entonces, titulado ¡No me dejen morir!, por cuatro años de recuerdo para Anibel que recibe parte de una justicia lenta que ya no la resarce.

Fue el ruego constante de la joven Anibel González Ureña, que no la dejaran morir. Y el vecindario escuchó como le suplicaba al feminicida, “yo te quiero, mira a tus hijas, yo te quiero, no lo hagas por favor”. Y al socorrerla, cuando el agresor se suicidó, también les imploraba: “ayúdenme, no me dejen morir, ayúdenme por favor”. Pero el sistema social entero le falló a Anibel.

La familia cercana a la víctima, que debería conocer el fenómeno de la violencia de género contra la mujer y ser informada meticulosamente sobre el riesgo que corre su pariente durante el proceso que se siga, desmontando mitos y aclarando conceptos errados, tampoco supo apoyarla.

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El sistema formal le falló a Anibel que, de acuerdo con todo lo comentado entonces, tenía muchas ganas de vivir, se preparaba para eso y era una luchadora.

Sin embargo, pese a que existen resoluciones que prohíben los acuerdos entre víctimas de violencia de género contra las mujeres y sus agresores, se realizó el pacto de muerte formalmente y por la sociedad.

Todo el sistema minimizó los riesgos de un agresor que había intentado matar a la víctima en 2017, infiriéndole 7 puñaladas, delante de sus tres hijas pequeñas, inequivocables antecedentes de que era un feminicida.

Y fallaron los espacios del sistema de atención: autoridades de la justicia, M. Público, Juez de la Ejecución de la Pena, autoridades del régimen carcelario, el 911, etc., mostraron que no hay coordinación de esfuerzos y que la vinculación ideal, no se realiza.

Faltan recursos de todo tipo para que todas las personas que están en la ruta de la atención a la violencia basada en el género contra las mujeres, incluyendo la sociedad, formen una verdadera cadena de protección a la víctima.

¿Cuántos imputados por tentativa de feminicidio hay en las cárceles dominicanas? ¿Qué seguimiento hay de estos casos? ¿Qué conexión existe entre los diferentes puntos del sistema de atención?

¡Ojalá que las dominicanas no sigan suplicando que no las maten!