El titular de Ética Gubernamental, Lidio Cadet, no pudo tener peor despedida con la aclaración de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas de que se le había notificado que el Ministerio de Obras Públicas violó la ley con la adquisición de asfalto por 11,500 millones de pesos que hizo entre abril y septiembre de 2019.

Cadet se ha defendido con argumentos que pueden tener asidero, pero la opacidad de su gestión lo estigmatiza. Contrataciones Públicas dice que en mayo entregó la investigación sobre la transacción efectuada en la gestión de Gonzalo Castillo, pero Cadet alegó que solo recibió un informe preliminar y no definitivo.

El caso es que según documentó la periodista Alicia Ortega, en la gestión de Castillo se contrataron grado a grado 34 compañías para la adquisición del hormigón asfáltico.

Llamó la atención que el material se adquiriera sin licitación en los meses previos a las primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en las que Castillo resultó victorioso. Pero al margen de los alegatos de Cadet, ahora que se ha establecido que se violentaron las normas ¿cuáles serían las consecuencias?