La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, declaró que por primera vez en República Dominicana la corrupción es un delito autónomo.

La titular del Ministerio Público habló en una conferencia sobre la importancia que tienen para la transparencia el aprobado Código Penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas.

“¿Qué quiere decir que es un delito autónomo? Que cualquier hecho doloso que afecte al patrimonio público es un acto de corrupción y ese acto de corrupción no necesariamente tiene que estar expresamente dependiendo de otra conducta sino que ya puede ser sancionado desde el tipo penal autónomo”, dijo Reynoso.

Nuevo Código Penal

La procuradora resaltó que los nuevos tipos penales del Código, que entrará en vigencia a partir de 2026, fueron alineados con la Ley de Lavado de Activos, contemplando la aplicación de penas de entre 3 y 10 años.

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Recordó la acumulación de penas como novedad y resaltó que el nuevo código, aunque con aspecto mejorable, “está alineado con la convención contra la corrupción”.

Yeni Berenice Reynoso señaló que sus dos décadas impartiendo docencia en distintas universidades y aplicando en su trabajo del día a día las normas penales, le permiten decir al Congreso y a la sociedad que la pieza aprobada y luego promulgada “es un buen Código Penal”.

“Cuando se comete un acto de corrupción, fondos que deben ir a Salud Pública, no van; fondos que deben ir a Educación, no van; fondos que deben ir a Seguridad, no van. Entonces, ¿quién es la víctima de los actos de corrupción? La sociedad”, dijo.

Añadió que el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, que se contempla como un tipo penal, permite el decomiso del bien producto de la corrupción y establecer la inhabilitación de por vida de la persona procesada para ocupar posiciones públicas.

“Al que se le condenó por enriquecimiento ilícito, jamás podrá volver a una función pública, ni electiva, ni de designación. Tiene inhabilitación de por vida”, dijo.

“Ya no solo se persiguen las personas físicas, sino, también, las personas jurídicas, llegando a la disolución de las empresas. En la actualidad hay unas decenas de empresas que van a ser inhabilitadas a raíz de decisiones judiciales de acuerdos y otros procesos”, dijo.

En la conferencia, celebrada en el auditorio de la Dirección General de Aduanas, estuvieron presentes el titular de esa dependencia, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y el procurador adjunto Osvaldo Bonilla.