El Estado colombiano tiene en alquiler un territorio de 48 mil kilómetros a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC). Se supone que la FARC, fundada en 1964, tiene el objetivo de “acabar con las desigualdades sociales, políticas, económicas, la intervención militar y capitales norteamericanos en Colombia mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”.

Para lograr su objetivo, sus acciones se fundamentan en la guerra de guerrilla, en asesinatos de civiles, miembros del gobierno y militares, el secuestro con fines de chantaje, la destrucción de infraestructuras urbanas, la utilización de carros bombas, los cilindros bombas, minas antipersonales y toda clase de instrumentos que sirvan para colocar bombas, como carretillas, animales, bicicletas y lo que se les pueda ocurrir.

Su sistema “fiscal” consiste en el impuesto revolucionario a los ingresos provenientes del tráfico de drogas que con sus ganancias por el rescate de los secuestrados mantiene una fuerza militar calculada de 15 mil efectivos. El impuesto al “gramaje” debe ser pagado por cada gramo que producen los cocaleros y por el narcotráfico.

En la actualidad el gobierno colombiano, una vez más, intenta lograr un acuerdo de paz con la FARC. Las negociaciones se han realizado en la Cuba de los Castro. El presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder del grupo rebelde de las FARC, Timochenko, han firmado en La Habana el acuerdo de paz acompañados por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El acuerdo será sometido a un referéndum a la población colombiana, que será la encargada de refrendar el acuerdo del cese el bilateral y definitivo en Colombia. Entre los puntos del acuerdo se destaca la entrega de todas las armas del grupo rebelde a la ONU en un período máximo de 180 días.

En el acto de la firma participaron el presidente de Cuba, Raúl Castro y el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Pero como dicen los dominicanos, “nunca falta un pelo en el sancocho” y un frente de las FARC ha anunciado su negativa a entregar las armas y desmovilizarse.

Dicen en su declaración que “hemos decidido no desmovilizarnos”. Parecería que Colombia tendrá que realizar otro proceso de paz con un nuevo frente “dizque” guerrillero.