Cuando nace o se funda un Estado se inicia la toma de medidas para crear instituciones y la convocatoria a un Congreso Constituyente, pasa por elegir delegados específicamente para que asistan a ese evento, redactar y proclamar el pacto fundamental que inicia la nueva etapa política del pueblo-nación.
Los gobernantes electos y designados juran acatar y defender los postulados político-jurídicos de la Constitución.
Así sus actos públicos y privados quedan signados por principios, siendo uno de ellos rendir cuentas de los recursos de todo tipo su jurisdicción.
Hacer cumplir los principios constitucionales, las leyes orgánicas y ordinarias, los decretos del Poder Ejecutivo, las resoluciones de los ministerios y los acuerdos firmados en representación del país y ratificados por el Congreso Nacional, es inherente a cada Ministerio y sus subordinados, no existiendo razón alguna que justifique el no cumplimiento de ese ordenamiento jurídico-político-administrativo.
Aquí se los ignora.
Tales requisitos son sine qua non para iniciar procesos de institucionalización de todo el aparato supranacional llamado Estado.
Otro prerrequisito es que se creen las instituciones conforme lo demanden los avances económicos, sociales, culturales, etc.; y, dotar las mismas de los correspondientes marcos normativos.
Por igual es menester que los funcionarios, técnicos y empleados de todos los niveles tengan, fuera de toda duda, los perfiles para accionar desde las instituciones para que cumplan sus cometidos.
Al analizar el decurso de la historia política de República Dominicana hay que concluir que ninguno de los prerrequisitos supra señaladas han concurrido para la creación de la Constitución, los ministerios, las leyes y los demás organismos estatales.
Los déficits que bloquean el avance del país son jurídicos estructurales.
Estado vacio
Se sobre entiende que el Estado Moderno, el Estado-Nación, no funciona en el vacío, requiere de cierto desarrollo económico-social; por eso algunos tratadistas establecen que el Estado-Nación nace y funciona en el marco de determinadas condiciones económicas y políticas y de normas administrativas transparentes.
El liberalismo político del siglo XVIII postuló por la República, el constitucionalismo, las separación de poderes, el sufragio universal, el equilibro entre los poderes públicos, la rendición de cuentas y el imperio de las leyes, a cuyo mandato están sometidos todos las instancias del Estado, y, que los ciudadanos constituyen el soberano al interior de las naciones.
Todo eso lo saben muy bien los actuales gobernantes, no obstante se empecinan en burlarse de ello, especialmente del Soberano.
Pocos casos
En la historia nacional dominicana se registran muy pocos casos de gobiernos en cuya administración se pueda señalar perfiles democráticos de todo el gabinete, acatamiento de la Constitución y las leyes, someter sus actuaciones públicas y privadas a normas éticas, respetar el sentir del pueblo soberano,respetar el patrimonio público y rendir cuentas.
Los gobiernos de Espaillat, Juan Isidro Jiménez, Juan Bosch y Antonio Guzmán constituyen las honrosas excepciones.
Pero no es que estén libres de pecados.
Los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, no han sido coherentes con sus programas de gobiernos, con sus promesas de campañas, con lo que acuerdan y dicen en las Cámaras.
Con el presupuesto que se auto aprueban cada año, no son coherentes respecto a las partidas que asignan en los presupuestos para las instituciones y el llamado Congreso Nacional, se niega a cumplir atribuciones orgánicas de su exclusiva incumbencia, como es mantener el equilibrio entre los poderes públicos y vigilar, sobre todo, al Poder Ejecutivo.
Los sectores populares que luchan contra las distintas pandillas enquistadas en el Estado, son duramente reprimidos e ignorados y los empresarios se benefician del caos y el desorden político-administrativo de las pandillas.
Ello es así, porque en el marco del sistema no hay salida para los problemas instituciones y económico-sociales del colectivo nacional.
