El movimiento sindical dominicano decidió ir directamente a la mesa de negociaciones con el sector patronal para discutir lo relacionado con el aumento del tope del salario mínimo, ponerse de acuerdo en forma bilateral y de ahí ir al Comité Nacional de Salarios con una posición común, sólo para darle sentido legal, debido a que entienden que esa entidad es un árbitro que no aporta nada.

Los sindicalistas revelaron que la fecha para fijar el salario mínimo se vence en julio, pero que de común acuerdo con el sector patronal iniciaron desde ya las negociaciones y esperan ponerse de acuerdo para que las nuevas tarifas entren en vigencia en el mes de abril.

Revelaron que no es la primera vez que se ponen de acuerdo con los patronos al margen de la representación oficial en el Comité Nacional de Salarios y recordaron al respecto que una decisión similar la adoptaron cuando el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) era dirigido por la licenciada Elena Viyella de Paliza.

De igual forma, los dirigentes sindicales objetaron las cifras que sobre el índice de precios al consumidor ha estado ofreciendo el Banco Central, al estimar que no se corresponden con la realidad.

Al respecto anunciaron que llegaron a un acuerdo con la Escuela de Economía del Intituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) para que sea esta entidad, que es privada, libre de sospecha, que haga la investigación de campo para determinar el tope de la canasta básica y a partir de ahí ellos justificar sus reclamos ante los representantes del sector patronal.

Las consideraciones del sector sindical nacional fueron externadas ayer durante su participación en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio, donde participaron Jacobo Ramos y Ruth Díaz Medrano, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos; Rafael (Pepe) Abreu, de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical; Gabriel del Río y José Luis León, de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y el doctor Rafael Rodríguez Sandoval, presidente de la Agrupación Médica y del Frente Nacional de Defensa del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

En sus intervenciones los sindicalistas destacaron que los trabajadores del Estado tienen siete años sin recibir modificaciones en sus salarios.

Observaron que salvo aquellos que tienen capacidad de presión, como los maestros y médicos y enfermeras, ningún otro ha recibido reajustes en ese tiempo.

Un tema básico tratado en la actividad estuvo relacionado con la seguridad social.

Pepe Abreu pidió que la ley se seguridad social sea sometida a una rigurosa modificación debido a que a su parecer fue concebida para fortalecer al sector financiero nacional y no para resolver los problemas de salud y pensiones de los trabajadores.

Precisó que a eso se debe que las Administradoras de Riesgos de Salud y las Administradoras de Fondos de Pensiones sean entidades altamente rentables mientras el sistema de salud acumula déficit que puede llevar a su quiebra.

León indicó que existe un déficit causado por cuotas cobradas a los trabajadores y dejadas de pagar a la Tesorería de la Seguridad Social, organismo del que dijeron carece incluso de personería jurídica, mucho menos de mecanismos coercitivos para obligar a los patronos a pagar.

Opinaron que si no se modifica la ley de seguridad social, desde el punto de vista financiero será imposible mantener los servicios que debe dar.

UN APUNTE

Irrespeto a libertad sindical

Los dirigentes sindicales indicaron que pese a que lo establece la Constitución de la República y está consignado en los convenios internacionales de los cuales el país es signatario, en el país no existe una adecuada libertad sindical que permita a los trabajadores reclamar sus derechos.