El tranque en la ejecución o desestimación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y de las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley del Tribunal Constitucional, (TC) mantienen alejadas las posibilidades de reforma en el Poder Judicial y el sistema político de partidos, según entendidos.

El CNM es el encargado del nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del TC que tendrá como función velar por la constitucionalidad de las leyes.

El Consejo es la institución política y judicial de mayor representación que en esta oportunidad es controlado por el Poder Ejecutivo.

Diversos sectores se han pronunciado por una amplia reforma al sistema judicial para adecuar leyes códigos a la situación que vive la nación.

De los 16 miembros de la SCJ cuatro tienen más de 75 años, edad límite para permanecer en el cargo de acuerdo a la Ley de Carrera Judicial y dos han fallecido, cuyos sus sustitutos no han podido ser nombrados.

Las reformas a los códigos Civil y Penal deben hacerse con consulta a la nueva SCJ y del TC que deberá conformarse cuando se resuelvan las diferencias entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).

El CNM está integrado por el presidente de la República, el presidente de la SCJ y un miembro de ese órgano, el Procurador general de la República, así como los titulares del Senado y la Cámara y un legislador en cada cámara que pertenezca a un partido diferente al que preside.

De esos ocho miembros el PLD tiene cuatro, el PRD y el PRSC tienen uno cada uno.

El procurador general de la República fue incluido como miembro del CNM en la Constitución proclamada el 26 de enero del 2010.

La Ley Orgánica del CNM permanece en un limbo, debido a que fue aprobada con mayoría absoluta por los peledeístas pero los perredeístas sostienen que fue irregular, porque debió ser con las dos terceras partes de los votos presentes.

El PRD elevó un recurso de inconstitucionalidad contra esa Ley del CNM y todavía no ha sido publicada para su ejecución.

El diputado del PRD, Carlos Gabriel García pidió al procurador general, Radhamés Jiménez Peña que se emita su veredicto sobre esa ley para que la SCJ pueda fallar la instancia elevada por la oposición.