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Agua y privatización

Agua y privatización

Hugo Ysalguez

Hemos escrito varios artículos relacionados con el proyecto de Ley del Agua, pieza que tiene una década engavetada en el Congreso, lo que impide la consecución de un marco jurídico tendente a proteger este recurso natural, cada vez más escaso por la afectación del medio ambiente y el cambio climático.

Sin embargo, grupos ambientalistas y geólogos mantienen una lucha constante, sistemática y persistente contra aquellos sectores que conspiran contra su uso y explotación.

Uno de esos grupos es Coalición Enriquillo, que tiene su principal lucha en Barahona y otros lugares de la región Sur, Uno de sus principales dirigentes es el ingeniero Ángel Leonardo Mercedes, que nos envía, la siguiente colaboración: “La Coalición Enriquillo rechaza a propósito privatizador del agua que se expresa en el convenio firmado entre el INAPA y la empresa estatal del agua de Israel Mekorot, para la elaboración de una estrategia para la gestión del agua en el país.

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Este convenio, es negativo por su contenido y objetivos, por ser contrarios a los principios y disposiciones del artículo 15 de la Constitución de la República y de los artículos 126 al 128 de la Ley No. 64-00 de Medio Ambiente, en los que se establecen las condiciones de inembargables, imprescriptibles e inalienables de los recursos hídricos, como patrimonio público de carácter estratégico y bien social, finito y vital, sobre los que no puede crear ningún tipo de derechos.

Resulta una conducta poco ética y deleznable de parte del sector oficial, el hecho de firmar un convenio de colaboración con una empresa de otro Estado, para la elaboración de una estrategia de gestión del agua en el pais, mientras se discute con la sociedad civil un Pacto por el Agua para los mismos fines. Al parecer, el sector oficial tiene dos caras y está jugando con dos cabezas.

Siendo serios y responsables, de ninguna manera se puede pretender elaborar una estrategia de manufactura israelí para la gestión del agua en RD y, mucho menos, sin que antes se ponga en vigencia una nueva Ley de Aguas que establezca los principios guías, los lineamientos y los objetivos de las políticas hídricas que deberán orientar la gestión integral de los recursos y bienes de dominio público hídrico del país.

Con la estrategia que se proyecta elaborar se pretenden establecer las guías de contenido para otro proyecto de Ley de Aguas, más privatizador que el actual, que ha sido rechazado por los sectores consientes del país y, además, reemplazar y no actualizar el Plan Hidrológico Nacional, que debería ser el fruto de un proceso de estudio y discusión nacional, democrático y participativo, y no una imposición oficial a partir de una propuesta de manufactura foránea.