La Asociación de Industrias (AIRD) rechazó que el Instituto Nacional de Defensa de los Derechos de los Consumidores (Pro Consumidor) participe en acuerdo relacionados con la fijación de precios, como ha ocurrido recientemente con el caso de los pollos.

La entidad consideró que la fijación de precios en un régimen de mercado no puede hacerse mediante acuerdos y mucho menos con resoluciones emanadas de algún organismo estatal, sino que la libertad de competencia, la necesidad de ganar mercados de parte de las empresas productoras e incluso la apertura comercial, confluyen para que los consumidores sean los más beneficiados y tengan, además, mucho más opciones.

Ligia Bonetti de Valiente al explicar las razones por la cual la AIRD se opone a la fijación de precios a la libra de pollo en el mercado, dijo que eso se debe a que viola la Ley de Defensa de la Competencia o 42-08, porque niega la competencia. Esa misma Ley también faculta para que puedan iniciarse investigaciones sobre si existen mecanismos desde el sector privado de fijación de precios que impidan la libre competencia.

Dijo que la normativa a la que hizo referencia señala, en su artículo dos, que se reconoce el derecho constitucional a la libre empresa, comercio e industria, compatible con la eficiencia económica, la competencia efectiva y la buena fe comercial.

Añade, que la normativa es aplicable a todas las áreas de actividad económica, incluyendo la comercialización de la carne de pollo, y que todos los agentes están sujetos a esta Ley en estos aspectos.

Bonetti de Valiente señaló que la AIRD valora como positiva las intenciones de la directora de Pro-Consumidor, licenciada Altagracia Paulino, pero que emitir resoluciones o promover acuerdos que busquen controles de precios, violenta parte de la estructura jurídica y, además, no ha resuelto nunca los verdaderos problemas.