Los alcaldes ven en la modificación de la ley 225-20, de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, el balón de oxígeno de que precisan para enfrentar el drama de la basura y mejorar el ornato.

La legislación, que también ha encontrado sus detractores, contempla un incremento en la tarifa para la recogida de los desperdicios.

La modificación que se ha introducido, que en verdad ha debido consensuarse entre los distintos sectores, compromete a las alcaldías con la adopción de controles para garantizar un uso más eficiente de los recursos. Porque la verdad es que si no se planifican y programan, los fondos podrían evaporarse en un abrir y cerrar de ojos.

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Es claro que mejorar el ornato, preservar el medio ambiente y garantizar un buen servicio en la recogida de desperdicios los cabildos, como dijo el presidente de Fedomu, Nelson Núñez, necesitan más recursos.

Si en algo tienen que ponerse de acuerdo las partes, que lo hagan, pero sin dejar de reconocer que la ley es importante. Y que si no se paga lo que se tiene que pagar por la recogida de los desperdicios a los cabildos se les hará difícil cumplir con el servicio.