Santo Domingo.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina fue notificado por el destino que pueden tener los expedientes de corrupción ya que los jueces están otorgando plazos más extensos que lo ordinario.
La inquietud es de la entidad de la sociedad civil, Participación Ciudadana, la cual expresó que deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo de los procesos puedan concentrarse en los casos complejos, fijando audiencia día a día y no solo una o dos veces por semana.
La organización expresó que es una obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes.
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Participación Ciudadana dijo sentirse alarmada “ante una clara tendencia a que el máximo de duración del proceso establecido en el Código Procesal Penal (CPP) se convierta en un instrumento de impunidad, debido a factores que pueden ser controlables, asegurándose de que los jueces tengan el tiempo suficiente para dedicarlo a los casos bajo su responsabilidad y actúen con firmeza frente a las maniobras de dilación de algunos imputados”.
La ONG asegura que sería una pena y una enorme pérdida para el país que, después de años de lucha de amplios sectores nacionales contra la corrupción y la impunidad y enormes esfuerzos realizados por el Ministerio Público en la elaboración de expedientes que muestran claros indicios de que entramados de corrupción desde el Estado para cometer enormes delitos de corrupción, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, fraudes, falsificación, entre otras acusaciones, éstos quedaran en la impunidad por la vía del vencimiento de los plazos, tal como ha ocurrido recientemente con el caso de los Tucano.