Alharaca con 30% fondos de pensiones es consuelo para tontos

El pasado 6 de mayo, el hoy presidente electo, Luis Abinader, manifestó públicamente que el Gobierno tenía recursos suficientes para extender una ayuda económica a los trabajadores formales e informales, sin que implique tocar los fondos de pensiones.
En la ocasión propuso la entrega de 10 mil pesos mensuales a los trabajadores durante el tiempo de la emergencia por la pandemia de coronavirus.
“Por qué nosotros comprometer la pensión de los trabajadores cuando es el gobierno quien tiene que buscar el dinero”, cuestionó el hoy presidente electo.
Posteriormente, su asesor económico, Pedro Silverio y quien fuera anunciado ayer para ocupar la misma posición desde el nuevo gobierno afirmó que la entrega del 30% de los ahorros de las AFP, podrían provocar una situación inflacionaria desastrosa para la economía dominicana.
Aseguró que desde el punto de vista técnico son entendibles las razones que se argumentaron para que el Gobierno se opusiera a la liberación de esos recursos.
“180 mil millones de pesos entrando a la economía de esta manera, sencillamente provocaría un gran problema monetario, inflacionario, podría crear un impacto que será desastroso para la economía nacional”, expresó el economista.
Antes de que el proyecto fuera aprobado en la Cámara de Diputados, el pasado 22 de junio, como resultado de una componenda política entre PLD-PRSC, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien permanecerá en el cargo por decisión de Abinader, alertó sobre los efectos nocivos que traería a la economía el retiro abrupto de la banca de cerca de 180 mil millones de pesos.
Ahora corresponde al Senado de la República poner oídos sordos a esas voces que de manera irresponsables insisten en traerle más problemas a la economía del país.
Todos los sectores sensatos aseguran que aún se entregue ese dinero a sus propietarios, no beneficiaría a una gran proporción de trabajadores porque la mayoría está en la economía informal y por esa razón no cotiza, además de que a ese dinero se le debe dar un uso responsable.
El sistema de pensiones de República Dominicana está llamado a cumplir con el objetivo para el cual fue creado que es evitar que las personas cuando llegue a la vejez y no puedan trabajar, tengan recursos para financiar al menos una parte de su vida.
Hay que reconocer la debilidad que existe en el sistema de las AFP, por lo que debe ser mejorado, pero esto no debe ser una razón para modificar la Ley y destruir lo que el trabajador, los empleadores y las administradoras han hecho en 16 años.
Retirar el 30% de los fondos acumulados por los trabajadores en las AFP, como insisten algunos legisladores justificado en la crisis que está generando la pandemia de coronavirus implicaría que el afiliado trabaje en promedio tres años más antes de su retiro para poder acceder a la pensión que le corresponde.
Al parecer, en la propuesta cargada de “buenas intenciones” no se han evaluado los riesgos para el segmento de la población que supuestamente se quiere proteger. Es como decirle a un trabajador: “óigame, páguese usted la crisis”.
Hay que reconocer que ese dinero es de los trabajadores, pero con un fina claro y definido, para su retiro, por lo que no debe ser usado como fondos de emergencia.
Según datos de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) esos fondos representan entre un 4% y 5% del producto interno bruto (PIB) del país.
Pero para que tengan una idea, de más 8 millones de dominicanos adultos que tiene el país, apenas 1 millón 900 mil recibiría dinero de ese 30% en caso de que los senadores se vuelvan locos y aprueben ese problema.
No debemos olvidar que el único destino de esos fondos es ser capitalizado para el otorgamiento de las pensiones.
Sobre el particular los economistas Antonio Ciriaco, Franklin Vásquez y Alexis Martínez, quienes rechazaron adelantar un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores para mitigar los efectos económicos que causa el coronavirus en el país, al considerar que la propuesta tiene más costos que beneficios.
Recuerdan además que el 80% de esos recursos están en inversiones de largo plazo en el sistema financiero dominicano.
Y finalmente, todos sabemos que ese dinero no está en una bóveda, está en un certificado, en un instrumento financiero, y el Banco Central tendría que comprarlo y con eso aumentaría excesivamente la emisión monetaria y pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica.

El rechazo

La propuesta del diputado del PRSC, Pedro Botello, fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero desde el saliente presidente Medina, o el entrante Luis Abinader, la patronal y hasta los sindicatos se han elevado voces en contra ante sus potenciales efectos lesivos.

JOSÉ ANTONIO TORRES
Josetorres60@hotmail.com