La delicada condición de salud del economista Luis Álvarez Renta no permitirá que disfrute a plenitud su libertad, ordenada ayer por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en virtud de que permanecerá interno recibiendo asistencia médica en un centro de salud de la capital. La información la ofreció su abogado Erick Raful, quien dijo que Renta seguirá interno y que después, cuando sus condiciones de salud lo permitan, será llevado a Estados Unidos para ser operado en un centro de salud de esa nación. La orden de libertad no había sido ejecutada esta mañana por las autoridades carcelarias, pero Raful dijo que se trata de un asunto burocrático, por lo que espera que en las próximas horas le retiren la custodia.
“En sí Álvarez Renta está en libertad, porque se trata de un mandamiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud de un recurso de habeas corpus que interpusimos y él seguirá interno hasta cierto tiempo y después será trasladado a Estados Unidos para ser operado allá”, manifestó Raful. Álvarez Renta lleva varios meses interno en la clínica Independencia y esta mañana uno de los médicos que lo atienden, y que rehusó ofrecer su nombre, dijo que había amanecido con la presión arterial alta y que su condición de salud no era apropiada para darle de alta.
La SCJ ordenó su inmediata puesta en libertad, por entender que cumplió la pena de 10 años de prisión que le fue impuesta a partir del 18 de junio de 2003, cuando fue arrestado. Álvarez Renta había elevado un recurso de casación contra una sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 12 de febrero de este año, que rechazó un recurso de apelación contra la decisión del juez de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, contra un hábeas corpus que buscaba su libertad.
El tribunal admitió como interviniente a la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa, Laura Guerra, y a los abogados del Banco Central, Superintendencia de Bancos y el Banco Intercontinental, representado por la Comisión de Liquidación administrativa de dicha institución. En su sentencia, el tribunal declara con lugar al referido recurso de casación y en consecuencia, casa sin envío la sentencia impugnada y procede a dictar directamente la decisión del caso, ordenando la libertad del economista.
