SANTO DOMINGO. La búsqueda de soluciones para la situación de los servidores públicos que no pertenecen a la Carrera Administrativa y que ocupan cargos designados para empleados pertenecientes a ese régimen laboral, y que según la Ley 41-08 de Función Pública deben cesar en esos puestos, fue uno de los aspectos en los que se centraron los análisis y las exposiciones en el Seminario Internacional “Alianza para el fortalecimiento de la Función Pública y el Reconocimiento del Derecho a la Indemnización”, celebrado este viernes, bajo los auspicios del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Al pronunciar las palabras centrales en la inauguración del evento, el titular del MAP, licenciado Ramón Ventura Camejo, explicó que ese es el caso de unos 100 mil servidores públicos, por lo que el Ministerio, para evitar la desvinculación de esos empleados, ha apoyado una propuesta que sometió el legislador Víctor Mencía en la Cámara de Diputados, en la cual se amplía el plazo para que se aplique esa disposición prevista en la Ley 41-08.
“La lógica del sistema actual es profesionalizar el servicio público, establecer un sistema de carrera profesional, al que se ingrese por concurso público de oposición, donde todos los ciudadanos y ciudadanas tengan la libertad y el derecho de ingresar: La única condición debe ser que se tenga los conocimientos”, señaló el funcionario.
Ventura Camejo también destacó las diferentes opciones que podrían emerger de los debates del seminario, entre las cuales citó, además de la antes mencionada propuesta de modificación de la Ley de Función Pública, la conformación de una comisión de expertos, así como el sometimiento de un recurso ante los tribunales de la República.
Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, defendió los derechos de los empleados públicos, porque, según expresó, “los gobiernos deben tener servidores públicos que sean eficientes, que estén bien protegidos y que tengan fe en que desde la Administración Pública se pueden realizar como personas, y que tengan en cuenta que el servicio que prestan no solamente es para tener un empleo y poder subsistir, sino también para servir al desarrollo a la sociedad como conjunto”.
Asimismo, el dirigente sindical se refirió a las Asociaciones de Servidores Públicos (ASP) que se han ido formando en las entidades públicas, las cuales exhortó a que “sean estimuladas y que tengan funcionabilidad e independencia”.
Durante el desarrollo del seminario, el experto en Derecho Administrativo y secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), licenciado Gregorio Montero, dictó la conferencia magistral “La Profesionalización de los Servidores Públicos a la Luz de la Carta Iberoamericana de la Función Pública”.
También participaron como conferencistas, la abogada con especialidad en Derecho Laboral, Maribel Batista, y el experto internacional de Costa Rica, Mauro Morillo, que expuso acerca de las “Características de las Relaciones Laborales en el Sector Público”.
Asimismo, se llevó a cabo el panel “Las Relaciones Laborales en el Sector Público Dominicano”, moderado por el destacado jurista José Darío Suárez, y en el que intervinieron el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), doctor Servio Tulio Castaños, la directora de Relaciones Laborales del MAP, doctora Mariza De la Cruz, y el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé.
El académico José Oviedo moderó el panel “Las Asociaciones de Servidores Públicos como Garantes de los Derechos de los Servidores Públicos”, en el que tomaron parte el viceministro del MAP, doctor Carlos Manzano; la presidenta de CONATE/CASC, señora Francisca Jiménez; el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Servidores Públicos y de la Asociación de Servidores Públicos de la Contraloría General de la República, licenciado Melvin Comas, y la presidenta de la Asociación de Servidores Públicos del MAP, licenciada Lissett Ramírez.

