La deficiencia del Ministerio Público obligó a los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a declarar extinguida la acción penal en la expropiación de terrenos de Bahía de Las Águilas, Pedernales.

Los jueces Sarah Beras, Ingrid Fernández y Teófilo Andujar así lo establecen en su decisión luego que en siete ocasiones les dieron oportunidad a los fiscales para que reformularan la querella.

En esas oportunidades la Fiscalía establecía que era responsabilidad de la Dirección Nacional de Persecución contra la Corrupción (DPCA) la reformulación de la querella mientras el DPCA consideraba que era la Fiscalía. Ante ese vaivén del proceso el tribunal intimó al Ministerio Público para que presentara acusación en el proceso seguido al ex director del Instituto Agrario Dominicano Jaime Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y Reyna Margarita Martínez.

A pesar de la intimación nunca lo hicieron. La primera audiencia de ese proceso se celebró el 6 de junio del 2011 a la que no asistió el Ministerio Público etapa en la que se inició la intimación a la reformulación de la querella. De ese proceso dos de los inculpados fallecieron se trata de Moisés Marchena y el dirigente político Puro Pichardo.

Los abogados Francisco Taveras y Robert Valdez, ante la inercia del Ministerio Público habían solicitado la extinción del caso pero los jueces adoptaron la decisión de oficio. Los inculpados estaban acusados de la expropiación de miles de tareas de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales, y en Cabarete, Puerto Plata.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Sarah Veras, Teófilo Andújar e Ingrid Soraya, tomaron la decisión en virtud de que el proceso llevaba más de 15 años, y las autoridades persecutoras no habían reformulado los cargos ni sustentado la acusación.