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Aplazan coerción empleada Conani

Aplazan coerción empleada Conani

El grupo de empleadas de Conani esposadas trasladadas al tribunal, foto Miguel Valdez

SANTIAGO.-Fue aplazada para este lunes la audiencia para conocimiento de medidas de coerción en contra de 11 empleadas de Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) acusadas de maltrato físico y psicológico en contra de 28 menores de edad que  estaban internas en un hogar de paso en Jarabacoa, provincia La Vega.

La audiencia que inició el pasado jueves alrededor de la una de la tarde y a las 8:00 de la noche un juez de la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente en La Vega decidió aplazar para el lunes a las 10:00 de la mañana.  Solo el jueves conocieron audiencia a seis imputadas y el fallo será dado a conocer cuando se complete el proceso.

Las imputadas son María Claribel Adames, Marlen Cristina Walter Ángeles, Lucrecia Mercedes Espinal Flores,  Dilenia Del Carmen De León Bido, Teresa Antonio Betancés Mejía, Rosa Anneris Hernández de Sánchez,  María Cristina Pérez de Alonso, Carina Mateo, Rosa Iris Sánchez Payano, María Mercedes Peña Ramírez y  Kenibel Frías Reyes.

Mientras que los abogados Magali Minaya, Amado Gómez,  Pedro Feliz y Jean Carlos Capellán coincidieron en que el Ministerio Público no tiene pruebas en contra de sus clientas y afirmaron que tendrán que demostrar que habían cometido abusos en contra de las adolescentes internas en el hogar de paso.

La fiscalía de La Vega, imputa al grupo, en forma preliminar, de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano que castiga los actos de barbarie y el abuso físico y psicologíco en perjuicio de 28 menores de edad.

El Ministerio Público inició la investigación contra los entonces responsables del hogar en noviembre del año pasado, en coordinación con la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) de la Procuraduría General de la República.

Se informó, que la directora del Conani fue abordada por algunas de las menores de edad, quienes comunicaron que supuestamente eran objetos de  abusos, maltrato físico y psicológico, por parte del personal que los atiende, falta de alimentación adecuada y balanceadas, prácticas de barbarie,  consistente en amarrar a las niñas con sogas en la cama, insultos y vejaciones y el no suministro de materiales para su aseo.