El desconocimiento de las pruebas que posee el Ministerio Público, por parte de los abogados de los fiscales acusados de soborno, obligó al juez Ramón Báez, a aplazar para el lunes a las 10:00 de la mañana la medida de coerción. Los abogados de los fiscales desconocían la existencia de las pruebas por lo que se violentaba el debido proceso. La medida es contra los fiscales adjuntos, Soraine Vargas y Pedro García, acusados por el Ministerio Público de recibir un supuesto soborno de 500 mil pesos por parte de familiares de un imputado.

Para el conocimiento de la medida fue designado como juez de instrucción especial el magistrado Ramón Báez, juez de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.

Uno de los abogados dijo que se ha hecho costumbre de la Procuraduría General de la República armarle trampas a fiscales con dinero marcado y grabaciones de voz y video para luego someterlos.

Esa práctica, alegan, ha sido llevada a cabo con más ahínco en las gestiones de Francisco Domínguez Brito.

En la audiencia, los fiscales del Departamento de Inspectoría de la Procuraduría General de la República pidieron que la magistrada fuera expulsada del Ministerio Público y se le inhabilite por un período de cinco años de cualquier otra función pública.

En La Vega

Otra fiscal adjunta de La Vega, Lenny Rosario Solís, fue suspendida el viernes de sus funciones y llevada a juicio disciplinario por presuntamente haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Rosario Solís fue llevada ante el Consejo Superior del Ministerio Público, quienes conocieron la audiencia disciplinaria y se reservaron el fallo para una fecha no determinada.

A esta fiscal se le acusa de haber impedido que un presunto narcotraficante fuera apresado en un establecimiento comercial de La Vega.

La fiscal Rosario Solís, afirma que se presentó al parque del establecimiento comercial e impidió que el presunto narco, que está prófugo y no fue identificado, fuera arrestado.