Lo que venía siendo equidad para decenas de injustamente cancelados miembros del cuerpo diplomático, que se han mantenido estoicamente reclamando sus derechos durante varios años en diferentes instancias de la justicia, al parecer puede encontrar su abominable final, hallándose en cualquier momento con el patíbulo que los lanzará a los «leones», actitud que busca «complacer peticiones» de sectores politiqueros muy poderosos, que anhelan sus «cabezas» al precio que sea.

El Tribunal Constitucional dictó una sentencia el 23 de diciembre del 2023, mediante la cual decidió un recurso de revisión constitucional contra un fallo evacuado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia del 31 de agosto del 2022. A pesar del veredicto del TC ser un adefesio jurídico sin base legal, el mamotreto de marras ha encontrado leguleyos entogados y aviesos, que tildan el caliginoso dictamen de «correcto», pasándose por alto de que es un grosero dislate y un desconocimiento de la Constitución y las leyes por parte del TC.

Sin embargo, como tea que ilumina el lóbrego mundo jurisprudencial que persigue afanosamente negar derechos adquiridos, la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas (ADAL) insertó un artículo en su último boletín, lo que viene a ser un fanal en este dédalo oscuro por el que deambulan los diplomáticos ilegalmente despedidos.

El aforismo de Cesare Beccaria que dice: «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa», se aplica en este caso que requiere imparcialidad.