La querella que pesa contra los imputados de la desaparición y muerte de la niña Carla Massiel Cabrera Reyes es por asociación de malhechores, rapto, violación sexual y asesinato, delitos que conllevan penas de 20 a 30 años de cárcel.
El dato está contemplado en la formulación de la querella presentada por el Ministerio Público contra Darwin José Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez (Chuti), acusados de violar los artículos 265, 266, 295, 297, 298, 302, 330, 331, 304 y 354 del Código Penal Dominicano y los 7, 12, 15 y 396 de la Ley 136-03, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Sin embargo, Plutarco Jáquez, abogado de la familia de la menor, denunció que el Ministerio Público hizo un acuerdo con el principal acusado del crimen, en el cual solicitan cinco años de prisión por sustracción de menores.
Los cargos contra los acusados fueron presentados por Shirley Aurich y Paula Margarin, en representación de la Fiscalía de la provincia Santo Domingo. El Nacional posee copias de la acusación, la cual indica que es por asociación de malhechores, rapto, violación sexual y asesinato.
No obstante, en un documento depositado en la Procuraduría General de la República, Jáquez asegura que el Ministerio Público ha manipulado y obstaculizado el proceso contra los imputados por el asesinato de la niña, el cual lleva más de tres años en los tribunales.
Sostiene que la acusación del Ministerio Público sólo cita violación al artículo 354 del Código Procesal Penal, que se refiere a la sustracción de menores cuya sanción es cinco años de prisión.
Para el 5 de diciembre está pautada la cuarta audiencia del juicio de fondo y la parte querellante espera que la exfiscal Olga Dina Llaverías comparezca al tribunal en calidad de testigo.
El cadáver de Cabrera Reyes fue encontrado el 16 de agosto del 2016 por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía, en Pedro Brand.
Sus restos fueron encontrados en el sector de la Cuaba, del kilómetro 23 de la autopista Duarte.
Se ha dicho que la niña fue secuestrada para extraerle sus órganos y venderlos a una clínica privada, que opera en la parte oriental de Santo Domingo, la cual fue requisada por las autoridades.
UN APUNTE
El juicio
El juicio de fondo a los acusados está fijado para el 5 de este mes, donde los acusados enfrentarán cargos por asociación de malhechores, secuestro, violación sexual de menores y asesinato, delitos que conllevan pena de 30 años de cárcel.
