En noviembre de 2015, se inauguró en Santiago la nueva Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, del Ministerio Público, ubicada en la calle Del Sol esquina R. César Tolentino. La vieja Unidad, construida por la Alcaldía en terrenos donados por la Suprema Corte de Justicia para esos fines al lado del Palacio de Justicia, funcionaba desde el año 2005, en un espacio que quedó pequeño para tanto trabajo.
Las diligencias para esta primera Unidad en 2005, fueron realizadas por las ONG que trabajan históricamente y por más de 30 años, con las víctimas sobrevivientes de la violencia de género en Santiago, y conforman junto a instituciones del Estado y del poder local, la red de apoyo Movimiento Vida sin Violencia, MOVIDA, desde 1996.
Cuando se hizo el cambio a la nueva instalación, MOVIDA, solicitó a la Procuraduría General de la República, que la vieja Unidad fuera utilizada para establecer un Centro de trabajo en terapia social para hombres violentos, trabajo que se realiza en la Fiscalía de Santiago desde 2005 hasta la fecha, con la mayor de las precariedades.
La PGR, entonces, asignó un pequeño espacio anexado hace años al edificio viejo de la Unidad, para que se compartiera el departamento de Trata y Tráfico, y el trabajo con hombres, este último ubicado donde era la cocina.
El resto de la vieja Unidad, es una edificación absolutamente abandonada, carente de seguridad y vandalizada, sin que la PGR y la Fiscalía de Santiago hayan cumplido el compromiso de establecer en ella, una vez protegida, con seguridad y en función, el trabajo con la masculinidad violenta. (¡Se comenta que el espacio sería asignado a una Procuraduría de Energía Eléctrica o incluso, a la Cruz Roja!)
A la Unidad de Santiago, llegan un promedio de 1,200 casos de víctimas por mes unos 520 agresores son referidos por el sistema al Programa de Modificación Cognitivo Conductual para Personas que Entran en Conflicto con la Ley 24-97, que atiende un solo Psicólogo desde 2005, auxiliándose de estudiantes de Maestrías en Terapia Familiar en las universidades locales, para hacer las evaluaciones de riesgo, por la total falta de personal.
Difícil entender el rechazo a insertar el programa de trabajo con hombres en Santiago, porque lo establece la ley penal, es una necesidad plasmada en el último Plan de la PGR y, sobre todo, porque existe el espacio ideal. Una resistencia inexplicable teniendo en cuenta que la coordinación intersectorial, generó en Santiago avances significativos años atrás.