En septiembre del año pasado, el presidente Leonel Fernández afirmó en New York que la economía dominicana está blindada. Por la falacia en su contenido y la evidente manipulación, esta declaración generó comentarios diversos. Hay que destacar, sin embargo, que no se trata de una frase pronunciada sin reflexionar, sino que responde a una línea de acción politiquera que el jefe del Estado ha asumido y ha impuesto a sus asesores.

El actual gobierno sigue la línea trazada por Joaquín Balaguer de mantener la estabilidad política a base de manejo político y de propaganda ideológica, y esta práctica se revela como politiquería de la peor especie.

La más reciente manifestación, es la del secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, quien primero planteó la necesidad de una nueva reforma fiscal, y ahora dice que jamás diría eso en esta situación.

Pero al mismo tiempo que desactiva las protestas que generó su declaración, que permitió que se presentaran como defensores de la economía popular personas y grupos que no son tal cosa, (dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano y miembros del despedazado Partido Reformista Social Cristiano), reitera su oposición a que se cumpla la Ley de Educación y se destine a ese sector un 4% del Producto Bruto Interno.

Manipula las estadísticas y presenta como casi excesivo el gasto del Gobierno en esa área. ¡Con una educación de pésima calidad y carente de todo! ¡Eso es jugar a lo caradura!

También, une su voz a la del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, en el intento de justificar el alza del 6% dispuesta en la tarifa de energía eléctrica.

Entre las estadísticas sobre las familias que no pagan el servicio y el déficit en el sector, Radhamés Segura, Temístocles Montás y, claro, el superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, intentan convencer a la población de que es justo y necesario que pague a mayor precio un servicio que ya es costoso además de muy deficiente. ¿Quién les cree?

Otro caso reciente, en la línea presidencial de desdibujar la verdad entre eufemismos y mensajes falaces, es la declaración, el pasado 22 de mayo, del secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, de que el país está libre del virus A H1N1, a pesar de que había (por lo menos) casos en estudio que pocos días después fueron confirmados como ciertos.

La propaganda sobre prácticas para prevenir el contagio y el anuncio de que han llegado antivirales, no alcanzan para ocultar la realidad de que en este país hay un sistema (¿acaso será sistema?) de salud deficiente, con muchas carencias y de muy escasa cobertura.

¿Por qué se quiso hacer creer a la población que hay un blindaje contra el contagio. ¡Es una línea de manipulación!

Es el coro actual. En el de hace algunos meses, a finales del año pasado, se oyó la voz del secretario de Educación, Melanio Paredes, entonces recién nombrado, quien dijo que no tenía sentido destinar a Educación el 4% del PBI, porque no hay planes concretos para absorber ese nivel de asignación presupuestaria.

¿Por qué actúan así estos funcionarios?

Porque sirven a un gobierno cuyo presidente no tiene reparo en calificar como blindada una economía que, no sólo depende del turismo y las remesas procedentes de Estados Unidos y de Europa, sino que además tiene una deuda social acumulada que nunca ha atendido.

Están blindados, entonces, los intereses de las grandes corporaciones, autorizadas a violar las leyes laborales desconociendo la libertad de asociación, y a pagar salarios de miseria. Están blindadas las fortunas de los funcionarios con sueldos de más de medio millón de pesos. Pero no están blindados los intereses de las mayorías, que deberán pagar más por un servicio de energía deficiente y sufrir la precariedad de sistemas de salud y de educación que, en términos precisos, son canteras de males… Porque politiquería y estafa, son sinónimos. ¿Alguna duda?