Un convenio del Banco Mundial a las autoridades sanitarias del país que involucra 870 millones de pesos para financiar la atención primaria en salud (el enfoque preventivo mediante chequeos periódicos y medicamentos a los pacientes crónicos), se firmó ayer en el Ministerio de Salud, estableciendo un precedente que cambia el enfoque a la atención pública sanitaria.

El acuerdo, suscrito ayer en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MPS) y la Comisión Ejecutiva de Reforma del Sector Salud (CERRS), garantiza los recursos que necesite el Servicio Regional VI (El Valle, San Juan de la Maguana y VII (Cibao Central).

Esto está sujeto a que se logre llevar a las familias pobres a los servicios de salud. Las comunidades pobres enfocadas para ser beneficiadas por el plan preventivo están en zonas empobrecidas de La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

El objetivo es crear una nueva cultura hacia la calidad y la eficiencia de los servicios de salud, cambiando la forma de gestionar la red de proveedores públicos, afirmó el doctor Humberto Salazar, director ejecutivo de la CERSS.

El convenio de 870 millones de pesos se irá pagando a las Regionales de Salud involucradas en el novedoso enfoque, para garantizar la visión preventiva, comenzando con las embarazadas y sus chequeos y los pacientes crónicos.

Una embarazada a la que se le crean las condiciones para tener sus chequeos preventivos se traducirá finalmente en un parto normal y de bajo costo.

Igual pasa con el suministro de los medicamentos y chequeos a los pacientes hipertensos, diabéticos o renales, lo cual evitará, por ejemplo, los costos de atender un infartado, dice Salazar al explicar la esencia del modelo que se pone en práctica.

Explicó que las mediciones internacionales de costos en salud indican que por cada dólar que se invierte en prevención, el sistema de salud se ahorra ocho en atenciones a las emergencias y tratamientos curativos.

Moderno enfoque

El financiamiento suscrito ayer por el Banco Mundial a las autoridades de salud, plantea que las autoridades sanitarias garanticen los servicios médicos preventivos a los pobres de sus zonas, particularmente en chequeos de embarazadas y pacientes crónicos hipertensos, renales y diabéticos. Recibirán financiamiento directo si logran la atención preventiva.