La Cámara de Diputados conocerá el miércoles las observaciones del Poder Ejecutivo (PE) a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC).

Se ha comentado que el presidente Leonel Fernández podría retirar esas observaciones para tranquilizar a sectores de la sociedad civil que sostienen que la acogida de sus sugerencias tiene que ser con las dos terceras partes de los votos presentes.

El martes pasado, el presidente de los diputados, Abel Martínez Durán, remitió la Ley del TC a la Comisión de Justicia para que rinda su informe.

Martínez Durán y la bancada peledeísta sostienen que la aprobación de las observaciones del PE se aprueba con mayoría absoluta de votos y no con las dos terceras partes como sostiene la oposición.

El diputado peledeísta por Santiago argumenta que las dos terceras partes son para el pleno rechazar las observaciones del mandatario y que eso está contemplado en el artículo 102 de la Constitución.

En tanto, el bloque de diputados del PRD entiende que debe ser con las dos terceras partes como lo establece el artículo 112 de la Carta Sustantiva.

Ese artículo establece que las leyes orgánicas se aprueban y modifican con las dos terceras partes, porque se trata de una ley especial

La principal enmienda consiste en eliminar el límite de 75 años para ingresar al TC.

Los perredeístas igual que la sociedad civil en su mayoría entienden que esa es una violación a la ley, porque las condiciones para ingresar al TC se requieren las mismas condiciones que para la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Alegan que la edad de retiro para los jueces es de 75 años.

Mientras que los peledeístas entienden que a los miembros del TC no se puede aplicar la edad, porque son electos para cumplir un sólo período de nueve años, mientras que los de la SCJ es el recorrido de todos los estamentos del Poder Judicial, empezando desde fiscal o juez de primera instancia, hasta el último escalón que es el de la Suprema.

UN APUNTE

Pendiente

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, tiene pendiente publicar la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, porque se venció el plazo para hacerlo el Poder Ejecutivo. Los perredeístas elevaron una instancia de inconstitucionalidad contra esa ley.