Ojalá que los funcionarios responsables de las irregularidades que resaltan en las 18 auditorías reveladas por la Contraloría General de la República, sean, por lo menos amonestados por las anomalías encontradas en las instituciones que manejan, porque si no es así, el propósito que busca el presidente Luis Abinader, de transparentar su Gobierno, quedaría a medias y en un efecto de marketing institucional, es decir, en una estrategia responsable del conjunto de acciones de comunicación hacia el público, con el propósito de construir y fortalecer la imagen del Gobierno.
Si hay méritos suficientes para que algunos funcionarios sean procesados judicialmente u otros sean destituidos de sus cargos, el Presidente no debe vacilar en tomar la decisión que corresponda y dejar las cosas en anomalías administrativas y procedimientos que son subsanables.
