El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó hoy en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la designación de figura de Procurador General de la República por un período fijo de cuatro años, tomando en cuenta la inamovilidad consagrada en el artículo 173 de la Constitución.
Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, precisó que para lograr una mayor independencia del Ministerio Público se puede realizar a través de leyes y no con la modificación de la Constitución de la República.
El representante de los abogados dijo que para lograr este objetivo deben ser modificados los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 137-11, sin la necesidad de reformar la Constitución.
Surún Hernández indicó que “la pieza también plantea que para ser designado el máximo representante del Ministerio Público no podrá haber pertenecido durante 10 años a organismos de dirección de partidos políticos o asociaciones empresariales, ni haber sido candidato a ningún cargo de elección popular u organismo de dirección de partidos políticos o asociaciones empresariales.
“Para lo cual, repito, no es necesaria una modificación constitucional; sino actuar tal y como ocurre en el proceso de nombramiento del Gobernador del Banco Central que es designado con requisitos establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, que no están consagrados en el artículo 226 de la Carta Magna”, enfatizó el presidente del CARD.
Otros requisitos propuestos en el proyecto de ley para aspirar al cargo son ser dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años de edad, estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en derecho, haber ejercido la profesión durante por lo menos 12 años, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público, períodos que podrán acumularse.
Surún Hernández dijo que con estas modificaciones aportarán una propuesta que puede ser consensuada con todos los sectores sociales y políticos para fortalecer el proceso de elección del Procurador General de la República y protegerlo contra retaliaciones o persecuciones surgidas por sus actuaciones.
Consideró que causaría grave perturbación a la paz pública el proyecto de Reforma Constitucional propuesto por el Gobierno, porque pretende debilitar y destruir la justicia, entregándola por años al sector empresarial.
