Santo Domingo.- El Ministerio Público presentó este viernes acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del desaparecido Jet Set Club, tras el colapso del techo de la icónica discoteca que dejó 236 personas muertas y más de 100 heridas el pasado 8 de abril de 2025.
La instancia fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional y está firmada por un equipo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
También participaron en el proceso los procuradores y fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Miguel Collado, Rosa Ysabel Mejía, Vladimir Viloria y Enmanuel Ramírez Sánchez.
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De acuerdo con el expediente, los hermanos Espaillat enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, violaciones a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
El Ministerio Público sostiene que los acusados sobrepasaron los límites estructurales del edificio, instalando equipos de aire acondicionado de gran tamaño y tinacos de agua en el techo, sin realizar estudios técnicos que garantizaran su resistencia.
Además, los fiscales aseguran que los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro de la estructura, priorizando el ahorro económico por encima de la seguridad de los empleados y asistentes al establecimiento.
La acusación incluye cientos de pruebas documentales y periciales, entre ellas los informes elaborados por los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera (especialista en estructuras sismorresistentes), Eduardo A. Fierro (presidente de BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo).
Los expertos concluyeron que el colapso fue consecuencia directa de sobrecarga estructural y falta de mantenimiento preventivo, factores que comprometieron la estabilidad del edificio.
La investigación se desarrolló por instrucción de la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al equipo de persecución penal para esclarecer el caso y determinar responsabilidades.
Desde el siniestro, ocurrido durante una actividad multitudinaria, familiares de las víctimas han exigido justicia y sanciones ejemplares, mientras el edificio permanece clausurado bajo custodia judicial.
“Los hermanos Espaillat incurrieron en negligencia criminal al operar un local sin condiciones seguras para el público”, indica el Ministerio Público en el expediente.
El caso será conocido en las próximas semanas por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se decidirá si los imputados irán a juicio de fondo.
El Nacional
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