Como una flecha apache, la improvisación atraviesa el proyecto Punta Catalina desde su epidermis hasta la tapa final. La improvisación y la impunidad podrían llevar al Gobierno de Danilo Medina hasta los salones de la corte de Nueva York. Y allá seguiría: “tranquilo, como Danilo”.
Licitación temeraria
La diferencia entre la licitación iniciada en enero del 2012 por la CDEEE (administración de Celso Marranzini) y la convocada el 13 de mayo del 2013 (administración de Rubén Bichara) era que en la primera, empresas privadas construirían las plantas generadoras eléctricas de gas natural y de carbón con su propio dinero y préstamos; mientras que en la segunda, las dos plantas de Catalina serían de puro carbón mineral y se construirían – como en efecto está ocurriendo- con deudas por más de mil quinientos millones de dólares que tendrá que pagar el Estado dominicano.
Todavía no se sabe por qué Danilo ordenó suspender, el 28 de septiembre del 2012, la licitación de Marranzini en la que la CDEEE ni tomaría deudas, ni invertiría un centavo, solo compraría la energía.
Ahora bien, lo que no esperaba Danilo en mayo del 2013, era que en el mes siguiente, en Georgetown University, Barack Obama anunciaría una iniciativa que iba a desencadenar repercusiones negativas extraordinarias en el proyecto Punta Catalina.
En efecto, el presidente Obama dio a conocer en la ocasión su Climate Action Plan que, entre otras medidas, ponía fin a la financiación pública de los Estados Unidos para la construcción de plantas eléctricas basadas en carbón mineral.
Menos de un mes después, el martes 11 de julio del 2013, el Banco Mundial anunciaba en Washington que tampoco financiaría proyectos de energía basados en carbón, salvo en países en “raras circunstancias”.
La reacción mundial fue en cadena, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Desarrollo se unieron a la veda financiera contra el carbón.
En septiembre del mismo año, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega firmaron un documento junto a los Estados Unidos ratificando su apoyo al Plan Obama.
Por su lado, el gobierno de Gran Bretaña, el 21 de noviembre del 2013 hizo público su adhesión al plan de la Casa Blanca.
Quiere decir, pues, que la central de Punta Catalina fue lanzada por Danilo en un ambiente financiero global con severas restricciones para préstamos comprometidos con proyectos de carbón.
Además, el Gobierno carecía de fondos propios para una inversión global que quedaría sin dudas entre 120 mil y 135 mil millones de pesos en tres años de construcción.
Sin embargo, sorprendentemente Danilo y sus asesores económicos no hicieron caso a tan claras señales de los bancos multilaterales y mercado internacional de capitales.
Las consecuencias de aquel temerario desafío a tantos poderes no se hicieron esperar y el 12 de diciembre del 2013, menos de un mes después de la adjudicación de la licitación a Odebrecht, Catalina recibió su primer golpe financiero cuando el US Eximbank –presionado por el Plan Obama- anunció que no aportaría el préstamo por 847.3 millones de dólares a Punta Catalina, tal y como había ofrecido meses antes.
Ese préstamo representaba el 43% del financiamiento internacional ofertado por Odebrecht, y aceptado por la CDEEE.
Pero el US Eximbank no fue el único, también se esfumaron las ofertas de créditos adicionales ascendente a US$ 1,502 millones de dólares presentados por Odebrecht durante la licitación. Esas ofertas estaban sustentadas por el Korean Eximbank (US$ 240 millones), Korea-Sure (US$ 240 millones), Santander/Bancomex (US$90 millones) y el Citibank/Deutsche Bank (US$300 millones). Todas desaparecieron en el acto bajo el impacto del Plan Obama y sus aliados.
Lo que no se explica es cómo las firmas evaluadoras de la licitación aceptaron como válida en noviembre del 2013 la promesa de préstamo del US Eximbank si meses antes, su propietario, los Estados Unidos, por boca del presidente Obama había revelado instrucciones para que dicho banco suspendiera todo respaldo financiero a proyectos basados en carbón.
Los hechos y noticias conocidos indicaban que en el nuevo contexto mundial la oferta del US Eximbank se caería en muy breve plazo, como en efecto ocurrió. ¿Ignoraban esa situación los ilustrados economistas de las firmas evaluadoras BNP Paribas, Delloite Dominicana y la Fundación Economía y Desarrollo?
Frente a la brusca caída de gran parte del financiamiento presentado por Odebrecht en cumplimiento con uno de los requisitos estipulados en las bases de la licitación, lo que correspondía era que la empresa sustituyera aquellas fuentes de financiamiento por otras menos frágiles. Pero Odebrecht no lo hizo, ni la CDEEE se lo exigió.
Así las cosas, el 14 de abril del 2014 el proyecto Punta Catalina no tenía ninguna seguridad de préstamos mínimamente suficientes para financiar su construcción (cierre financiero), pero, sin embargo, Danilo ordenó a la CDEEE firmar ese día (“a suerte y verdad”) el contrato con Odebrecht por la friolera de US$ 1,945 millones de dólares. ¡Temeraria improvisación!
Firmar contrato de 1,945 millones de dólares sin dinero a la vista.
Firmar un contrato por 1,945 millones de dólares sin haber logrado el cierre financiero del proyecto es, en ingeniería, un acto de suprema temeridad. El cierre financiero de un proyecto significa que el contratante (CDEEE) dispone, de manera segura, de un monto de financiamiento igual al de los costos previstos del proyecto.
Ante la caída del préstamo del US Eximbank y la desaparición súbita de casi todas las demás ofertas de financiamiento, Danilo cerró los ojos, cruzó los dedos y se lanzó con Odebrecht amarrado a un contrato por casi 2 mil millones de dólares.
Consecuencias no faltaron. En el 2015, el préstamo por 656 millones ofrecido por el BNDES, Brasil, fue revocado, y de los 632.5 millones de dólares aprobados por un pool de bancos europeos, solo se llegó a desembolsar unos 361 millones, de los cuales la aseguradora financiera italiana SACE se quedó con 85.2 millones como pago de la prima de riesgo país.
Como consecuencia de esos fracasos financieros en el 2015 la CDEEE dejo de pagarle a Odebrecht la suma de 568 millones de dólares para cumplir con lo estipulado en el Cronograma de Pagos por Hitos de la construcción anexo al contrato.
Estos y otros incumplimientos llevaron a la CDEEE a enfrentar pagos de penalidades por violaciones al contrato, mayor monto de los intereses, y los costos extras que se derivan de un año o más de retraso en la finalización de la obra. La demanda en Nueva York por 708 millones de dólares tiene su origen en la temeraria improvisación de firmar un contrato de esa magnitud sin contar con financiamiento seguro, cierre financiero.
La opción del gas natural
Hubo otras graves improvisaciones. En buena ingeniería, y desde el punto de vista del interés nacional, ningún gobierno se atrevería a iniciar un proyecto de la envergadura de Punta Catalina sin disponer de un estudio actualizado de expansión en generación que le indique la tecnología, tamaño y localización que le permita optimizar inversión al país.
Son estudios como, por ejemplo, el realizado por la Fundación Bariloche, de Argentina, contratada por la Comisión Nacional de Energía para elaborar el Plan Energético Nacional (2004-2015); el de la firma extranjera IIC MEGA PRISMA S.A en el 2011, y el informe Demand Projection 2009-2016 and Implications for Generation and the SENI, elaborado por el Instituto Adam Smith International, en el 2009. Todos en manos de la CDEEE.
En cada estudios se recomendaba que la expansión de generación debería incluir un 50% basada en gas natural.
Algunos funcionarios y asesores del gobierno han argumentado que Punta Catalina se construiría para carbón mineral porque “en el mundo no había gas”.
Sin embargo, en el 2015 la empresa AES Panamá inició la construcción de una terminal de gas natural con capacidad para 180 mil metros cúbicos y de una planta eléctrica de ciclo combinado de 380 MW, en Colón, Panamá. AES Panamá firmó un contrato con la francesa ENGIE para garantizar el suministro de gas natural durante décadas.
De igual manera, en el 2015 la estadounidense Cheniere Energy Marketing LLC, firmó un contrato de 20 años con la chilena Biobioenergy para suministrar gas natural a una terminal flotante que se construye en Penco Lirquén, Chile, para abastecer plantas termoeléctricas de la Central El Campesino.
Lo cierto es que en el período indicado había exceso de producción de gas natural en los Estados Unidos, una sobreoferta que excedía la demanda interna y la capacidad de exportación del sistema de terminales.
Esa sobreoferta hizo rodar por los suelos el precio del gas natural como puede apreciarse en las curvas comparativas tomadas del reporte Capturing value in global gas, McKensey, abril, 2014. Fuente: Capturing value in global gas, Mckinsey Oil &Gas Report, april 2014.
Por otro, datos del US Energy Information Administration (EIA), dado a conocer en el 2016, demuestran un notable crecimiento de la exportación de gas natural desde Estados Unidos, entre el 2010 y 2015.
Es posible que en determinados períodos el acceso a suministro de gas sea problemático por limitaciones de las plantas de licuefacción y las restricciones que impone el gobierno norteamericano a la exportación de gas natural por razones macroeconómicas.
Pero no toman en cuenta que en ese mercado operan también grandes empresas intermediarias, con diversos esquemas de contratación y comercialización.
Por ejemplo, aprovechando esas ventanas, Panamá y Chile hicieron las licitaciones adecuadas, y las empresas interesadas forjaron las alianzas de suministro con gigantes como AES, ENGIE o Cheniere.
La terminal de AES Panamá es de 180 metros cúbicos y utilizará para su planta eléctrica un 25%, el resto lo dedicara a comercializar gas en Centroamérica y el Caribe.
Así actúan las grandes firmas suplidoras con decenas de vínculos y contratos en las profundidades de un mercado internacional que solo ellas conocen a plenitud.
