La existencia de más de una decena de federaciones, confederaciones y centrales sindicales de nada les ha servido a los trabajadores para lograr mejores condiciones de trabajo y de vida. A pesar de la amplia representación laboral en múltiples organismos del Estado, la situación de los obreros y empleados va de mal en peor, porque sus organizaciones siguen perdiendo fortaleza como mecanismo de presión.
El otrora fuerte y activo movimiento sindical, que libró trascendentales luchas, quedó en el olvido, para dar paso a organizaciones débiles, con una dirigencia obsoleta y plegada ante intereses de gobiernos y patronos. Como sucede en el sistema político, la viejos dirigentes sindicales no dan paso a una nueva generación que esté menos comprometida con los adversarios.
La situación se traduce en derrota de importantes luchas en los últimos años. La más reciente la sufrió el movimiento obrero en junio de este año, cuando el Gobierno y los patronos se “confabularon” en el Comité Nacional de Salarios para elevar un pírrico 14 por ciento al sueldo mínimo de los trabajadores del sector privado, en lugar del 30 por ciento exigido.
Luego del incremento del 14 por ciento, los trabajadores de las empresas grandes ganarán $12,872, en las medianas $8,849 y en las pequeñas $7,843, meses después que el presidente Danilo Medina reconociera que una persona no puede vivir con dignidad con esos salarios, en un país que la canasta familiar supera los $26,000 mensuales. Más de 200 mil trabajadores públicos devenguen salarios entre $6,800 y $10,000.
Los representantes laborales tampoco lograron hacer realidad su pedido de aumento salarial para los empleados públicos ni para los que, en el sector privado, ganan más de $12,872. Al agravio del Gobierno y los patronos respondieron retirándose de los organismos de discusión tripartita, pero poco tiempo después se reintegraron “sin nada en las manos” para los trabajadores.
Aunque anunciaron protestas, nunca se materializaron.
Los “líderes” obreros están expuestos a correr la misma suerte en las discusiones sobre la pretensión de las entidades patronales de modificar el Código de Trabajo para eliminar el pago por cesantía laboral. También, el movimiento sindical tiene pendiente demandas trascendentales para su clase, como la reforma integral a la ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y la ratificación de los convenios 183, 187 y 189, sobre los derechos de los trabajadores migrantes.
La representación
El Ministerio de Trabajo, en su página web indica que existen en República Dominicana 26 grandes centrales, confederaciones, federaciones y sindicatos. Entre ellos, la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU), Consejo Nacional Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Federación de Trabajdores Portuarios y Afines del Municipio de Boca Chica y Federación Dominicana de Trabajadores de Zonas Francas, Industrias Diversas (Fedotrazonas) y Federación Nacional de Mujeres Trabajadores (Fenamutra).
Esas entidades representan a los trabajadores en los más importantes organismos de decisión y de diálogo tripartito, pero con escasos resultados positivos a favor de los trabajadores. Entre ellos, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Consejo Económico y Social (CES), Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), Comisión Nacional de Salarios, Consejo Nacional del Ministerio de Educación, Comisión Nacional de Empleo, Consejo Consultivo del Trabajo y Comisión para la Reforma de la Empresa Pública.
En cada escenario, como siempre se imponen los criterios de los patronos y los representantes estatales, por lo que la participación de los trabajadores se ha convertido en pérdida de tiempo.
La sindicalización
El Informe República Dominicana 2010-2020, elaborado por la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico, indica que apenas del 2.1 por ciento de la población trabajadora está sindicalizada. Los empleadores se niegan a reconocer el derecho que tienen los trabajadores a formar sindicatos independientes, en violación al Código de Trabajo que consagra el fuero sindical, que es la figura que protege a los promotores de un sindicato.
Violan, además, el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la libertad sindical y el convenio 98, que instituye la negociación colectiva de condiciones de trabajo. Esos convenios, ratificados por el Estado dominicano a través del Congreso Nacional, son letra muerta, debido a la incapacidad de los representantes laborales para defenderlos, pues sus acciones no pasan de la denuncia.
En diciembre del año pasado, el CNUS, la CASC y la CNTD rindieron un Informe sobre la situación de los derechos laborales en el país y denunciaron violaciones directas a la libertad sindical, como la suspensión y posterior cancelación de todos los directivos de la Asociación de Controladores Aéreos de la República Dominicana. Asimismo, denunciaron que empresas como Barrick Gold, Nestlé y algunos “call centers” redujeron los salarios a los trabajadores en violación a la Ley.
Los representantes laborales deploraron que en 2014 el ingreso de los empresarios creció en un 13 por ciento y mientras el de los trabajadores apenas un 2 por ciento.
Causas del fenómeno
Rafael Santos, ex presidente de la Confederación de Trabajadores Unitaria (CTU) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), consideró que son muchas las causas de la atrofia del movimiento obrero. Entre ellas, la falta de formación sindical de los actuales dirigentes, la ausencia de un liderazgo relacionado con los actores laborales, la desvinculación del movimiento con los nuevos negocios que generan empleos.
También, “la destrucción del aparato industrial dominicano, que ha implicado la pérdida de miles de empleos decentes, la quiebra, por parte del gobierno de Leonel Fernández en el período 1996-2000, de las empresas del Estado”.
Santos recordó que ese hecho provocó la pérdida de 7 mil empleos de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), 5 mil de la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y 65 mil empleos urbanos y rurales de la industria azucarera con el cierre de 12 centrales azucareros del Estado.
“Un tema fundamental en la generación de esa crisis ha sido la represión patronal que cancela de sus puestos de trabajo a todos los sindicalistas que intentan formar un sindicato”, añadió el ex diputado Santos. La ex diputada y vicepresidenta del CNUS, Eulogia Familia, consideró que “el movimiento sindical ha hecho en cada coyuntura lo que tiene que hacer”.
Empero reconoció que “la privatización de las empresas públicas desbarató el movimiento sindical en el sector público ”.
Además, afirmó que los partidos políticos se desligaron del movimiento obrero. No obstante, manifestó que las centrales obreras trabajan para atraer los trabajadores informales, las mujeres y los jóvenes a las organizaciones que luchan por sus derechos.
Cuestionamientos
“Los sindicalistas solo sirven ahora para apañar la corrupción y la impunidad”, lamentó Marco Antonio Guzmán, quien laboró más de 30 años en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). “Tenemos unos sindicatos que no representan a los trabajadores. Han perdido su razón de ser”, sostuvo Fausto Montán, obrero de la empresa Aluminos del Valle. Kendal Martínez, quien labora en la empresa de herrería Eco, atribuye la debilidad del movimiento obrero a la “cercanía” entre los dirigentes obreros y las clases que les adversan.
UN APUNTE
Derecho a la sindicalización
El Estado dominicano, a través del Congreso Nacional, ha ratificado convenios y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a la sindicalización de los trabajadores que cayeron en letra muerta, debido a la incapacidad de sus representantes laborales para defenderlos. En diciembre del año pasado, el CNUS, la CASC y la CNTD se limitaron a denunciar esas violaciones.
EL DATO
Quiebran empresas
La quiebra de las empresas del Estado, en el período gubernamental 1996-2000 provocó la pérdida de 7 mil empleos de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), 5 mil de la entonces Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y 65 mil empleos urbanos y rurales de la industria azucarera con el cierre de las 12 centrales azucareros del Estado y el consiguiente debilitamiento del movimiento sindical. Además, los empleadores violan el Código de Trabajo que consagra el fuero sindical, que es la figura que protege a los promotores de un sindicato en cualquier empresa.
