El juez José Alejandro Vargas ordenó la colocación de brazaletes electrónicos a una pareja de esposos comerciantes acusados de organizar viajes ilegales desde Cuba hacia República Dominicana, de peloteros profesionales a los que les cobraban hasta el 50% del monto del contrato que firmarían con equipos de béisbol de Estados Unidos.

La medida de coerción impuesta por el magistrado Vargas es contra los comerciantes Norvic Núnez Martínez y Mercedes Grullón López, residente en el sector Cuesta Hermosa, acusados de trata y tráfico ilegal de siete jugadores profesionales cubanos.
Incluye además impedimento de salida del país sin previa autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público el primer lunes de cada mes durante seis meses, que es el plazo de la investigación.

Los brazaletes electrónicos se les colocarán a través de una compañía de monitoreo avalada por la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia por igual período de tiempo.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Agustín de la Cruz, quien había solicitado la medida de coerción contra la pareja de esposos.

En octubre del pasado año la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional iniciaron la investigación que arrojó que Núñez Martínez y Grullón López, junto a Kelly Alexander Muñoz Acosta, Jairo Norberto Aracena González y un tal Morenay, “se encontraban organizando, planificando, orquestando, preparando y financiando viajes ilegales desde Cuba hacia República Dominicana”.

Según el Ministerio Público, los encartados propiciaron la salida desde Cuba hacia República Dominicana de los jugadores de béisbol profesional conocidos como Arturo, Jacer, Papón, Yunequi, Alejandro, Lázaro y Pavel, para lograr ser firmados por un equipo de Estados Unidos.

La acusación indica que los imputados violaban los controles de las autoridades, cobrándoles a los peloteros hasta el 50% del monto del contrato de firma.