Los contratos suscritos durante la transición por el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) deben aclararse.
Lo más preocupante no son los contratos ni sus montos, aún con todo lo intrigante que lucen, sino si la asignación se hizo sobre la base de una licitación pública y no grado a grado. El director del Indrhi, Frank Rodríguez, suscribió dos convenios por 80 millones de pesos con la firma Consultores y Contratistas. Sobre los contratos no hay mayores detalles y el silencio los reviste de cierto dejo de suspicacia. Lo mismo ocurre con los acuerdos por 500 millones de pesos del Fonper, suscrito por el saliente director José Izquierdo con la firma de abogados Edward Veras en la querella por supuesta estafa contra las generadoras Haina e Itabo. Los escandalosos contratos han dado mucho de qué hablar y, hasta donde se tiene entendido, se asignaron en violación de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Pero es lo que tendrá que aclararse. Ya se han convertido en un claro desafío para la transparencia y la batahola que han enarbolado las autoridades.
