Los planteamientos con que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se opone al proyecto que crea el Colegio Dominicano de Economistas (Codeco), aprobado en segunda lectura por la Cámara de Diputados, son dignos de ponderarse. Ha de tenerse en cuenta que en defensa de un sector en particular no se puede perjudicar a la mayoría, como sería el caso de que la pieza sea convertida en ley por el Senado.
Finjus cuestiona que el proyecto reserve al Codeco un conjunto de atribuciones y competencias que afectan la formulación y evaluación de proyectos de inversión en el ámbito nacional, así como el análisis, diseño y diagnóstico de políticas públicas o privadas y la investigación científica en el campo económico y financiero.
Los promotores del proyecto es obvio que han querido abarcar demasiado al revestir a los economistas de unos poderes que, con el mismo derecho, reclamarían otras disciplinas. Cabe esperar que los congresistas reparen sobre observaciones tan atinadas para evitar un fiasco.
El Nacional
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