A 48 horas de que con el voto mayoritario del partido oficialista una comisión especial de la Cámara de Diputados recomendara juicio político contra el titular y demás miembros de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República publica dos auditorías que revelan anomalías en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en la Cancillería.
El presidente Luis Abinader saludó la publicación del informe de auditoría al Cusep, que dijo no se había hecho en los 94 años que tiene la Contraloría, con lo que dice su gobierno muestra lo que está bien y lo que se debe corregir y también para que el pueblo conozca en qué se invierten sus recursos.
Las auditorías realizadas a la Cancillería y al Cuerpo de Seguridad Presidencial abarcan desde septiembre de 2020 hasta abril de 2021, pero fueron publicadas dos años después y sólo a 48 horas de la recomendación a juicio político al pleno de la Cámara de Cuentas.
Ambas experticias contables revelan irregularidades o falencias en la ejecución de partidas presupuestarias, pero no refieren de manera conclusiva la comisión de actos de corrupción, sino violaciones a procedimientos y a leyes sobre la materia.
Te puede interesar leer: Juicio político
Es el caso del Cusep, donde se revela que el proceso de pago de la nómina, desde la elaboración hasta la transferencia de recursos, estuvo a cargo de la dirección financiera de la institución, sin la intervención de la dirección de recursos humanos, que según los auditores debe ser responsable principal.
En torno al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), aflora que se realizaron pagos de nóminas por 317 millones de pesos, utilizando como objeto del gasto “papel de escritorio”, destinado a comprar diferentes tipos de papeles.
La ley faculta a la Contraloría General a realizar auditorías en las dependencias públicas con el objeto básico de detectar irregularidades en los procedimientos y procurar su corrección, pero corresponde a la Cámara de Cuentas determinar, mediante informes contables independientes, irregularidades administrativas que conlleven tipos penales.
Es por eso que llama la atención que la Contraloría General publique algunas auditorías con dos años de retrasos, cuando en la Cámara de Cuentas duermen sueño de Morfeo centenares de investigaciones de mayor relieve, cuyos contenidos no serán revelados porque desde el litoral oficial se solicita juicio político contra sus directivos.
