La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investigó denuncias sobre supuestas irregularidades en la Cámara de Cuentas recomendó al Pleno Legislativo un juicio político contra sus miembros por la comisión de faltas graves, lo que podría significar que el Senado decrete su destitución e inhabilitación por diez años.

Los comisionados consideraron que el presidente Janel Andrés Ramírez, así como los integrantes del pleno de esa institución, Elsa Catanos, Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández y Elsa Peña Peña incurrieron en faltas graves, algunas individuales y otras colectivas.

Con la recomendación a juicio político a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, la solución de la crisis institucional, administrativa y moral que afecta a ese órgano queda en manos del pleno de la Cámara baja que formalizaría el juicio político, y del Senado que aplicaría las sanciones correspondientes.
Se resalta que la aprobación de ese juicio requiere del voto de las dos terceras partes de la matrícula de la Cámara baja, igual que en el Senado para aprobarla o rechazar la solicitud de destitución e inhabilitación de los funcionarios procesados.

Al liderazgo político le corresponde determinar el destino de ese proceso legislativo y, obviamente, de la crisis que ha inhabilitado a la Cámara de Cuentas como ente de control de las cuentas nacionales, por lo que puede decirse que ese juicio es también a la probidad de la propia clase política.

El Gobierno y partido oficial deberían medir bien sus pasos en relación con ese juicio político a funcionarios designados durante la presente gestión, imputados también por negligencia en el procesamiento de decenas de auditorías realizadas a dependencias gubernamentales.

La oposición política incurriría en un grave error si exagera la nota en intento por obtener provecho electoral de la crisis que afecta a una institución cimera en el ensamblaje institucional de la república, que por mucho tiempo ha sido motivo de indignación y vergüenza colectiva.

La labor de investigación que por 45 días realizó esa comisión especial, que incluyó interrogatorios al presidente y demás miembros de la Cámara de Cuentas, no debería perecer de asfixia en gavetas de un Congreso obligado hoy a resolver esa crisis de manera absoluta y definitiva, sobre el criterio de que la nación está por encima de intereses políticos o corporativos.