El Gobierno depositó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para 2024, cuyos ingresos han sido estimados en un billón 140,680.7 millones de pesos, equivalentes al 15.4 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Los gastos e inversiones comprometidos en esa pieza ascienden a un billón 371,992.8 millones de pesos, lo que representa un 18.5 % en proporción al PIB, con un déficit fiscal inicial de 231,312.1, millones, igual a 3.1 % del PIB, lo que seguramente se cubriría con más deuda pública.
En un año intensamente electoral, como lo será 2024, resultaría muy difícil mantener los niveles de gasto e inversión en rango de un 18.5 % del PIB, menos aun si los megaproyectos que ejecuta el Gobierno incrementan costos de construcción como consecuencia de aumentos de materias primas importadas.
La situación se torna más compleja porque en el proyecto de presupuesto se incluyen montos dirigidos a organismos autónomos y descentralizados no financieros y de instituciones públicas de la Seguridad Social, lo que disminuye niveles de maniobra en las asignaciones por la naturaleza de las instituciones y de los recursos.
Al menos durante los primeros ocho meses del año entrante habría que descartar cualquier atisbo de reforma fiscal, toda vez que las elecciones presidenciales y congresuales están programadas para el 19 de mayo y la instalación del nuevo gobierno y del Congreso para agosto 16.
La figura del Fideicomiso Público y Privado ayudaría a aliviar eventuales presiones en el gasto porque muchas de esas obras se construyen bajo este esquema basado en inversiones compartidas con el sector privado, como la construcción del puerto de Manzanillo, dos plantas generadoras de electricidad y la autopista que uniría Montecristi con Santiago.
El camino del endeudamiento, fácil al principio pero fatal al final, sería el más transitado en la ejecución de esa Ley de Gasto Público, porque el deseado equilibrio fiscal sería casi imposible, aun si la DGII adquiriera poderes supra naturales.
En un año electoral, la presión fiscal sobrepasaría el 18.5 % del PIB, estimado en el Presupuesto Nacional, en tanto que sería un gran logro si el nivel de ingreso se acerca al 15.4 %, como han estipulado los técnicos del Gobierno. Lo único seguro será que el endeudamiento público continuará con su vertiginoso ascenso como cohete a la Luna.
