El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario, solicitó al Pleno de la institución anular un acta de defunción expedida de manera irregular a un norteamericano de origen cubano que desapareció en una avioneta accidentada en Baní en la que supuestamente transportaba drogas.
Con esa acta de defunción se están reclamando 16 millones de dólares.
Con esa acta de defunción, refirió el magistrado electoral, se está reclamando una indemnización a un seguro en Estados Unidos.
La revelación la hizo el doctor Rosario, en una reunión que sostuvo con oficiales civiles y asistentes administrativos.
Dicha acta de defunción fue emitida a nombre de Antonio Armando Fernández Caballero y fue registrada con el número 321962, folio 0462, libro 642, del 008, según consta en el oficio de solicitud de anulación del acta remitido por el presidente de la Cámara Administrativa, al presidente de la JCE, Julio Cesar Castaños Guzmán.
La certificación de declaración de muerte de esa persona fue expedida en la delegación de Defunción del Distrito Nacional, que funciona en el edificio de la Oficina Central del Registro Civil, en la Feria.
El titular de la Cámara Administrativa de la JCE informó que fue suspendida una persona en esa delegación cuyo nombre no mencionó.
En el encuentro, la Cámara Administrativa anunció una serie de medidas, entre las que se incluye aumento de sueldo para los oficiales civiles, modificación de la tarifas de los servicios, la solicitud de actas de nacimiento vía Internet y creación de estafetas de oficialías en plazas comerciales e instituciones.
El presidente de la Cámara Administrativa expresó preocupación por las irregularidades detectadas en oficialías, entre las que citó la expedición del acta de defunción.
El doctor Rosario organizó el encuentro para dar a conocer el instructivo a oficiales civiles de las resoluciones 08-2009 que consigna anotación marginal en las actas de nacimiento en caso de fallecimiento y la 07-2009, sobre inscripciones de defunciones ordenadas de oficio por la JCE.
Las denuncias en relación a ese y otros tipos de irregularidades en oficialías de Estado Civil han sido reiterativas, principalmente en lo que concierne a la expedición de documentos a hijos de haitianos residentes en el país, lo que ha sido debatido por los partidos políticos y entidades de la sociedad civil.
Asimismo, la Junta Central Electoral, invirtió suma millonaria en la modernización del registro de electores con miras a dar al traste con las situaciones fraudulentas.

