Novena Sala del DN también impuso el pago de 15 salarios mínimos a Nicanor Rodríguez González y Magaly Esther Rivas Sosa por traer a RD pseudoefedrina

La jueza presidenta de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional condenó a dos años de prisión y al pago de 15 salarios mínimos a una pareja por introducir al país de manera ilegal más de un millón de pastillas de pseudoefedrina, fármaco que sólo se vende bajo control de las autoridades antinarcóticos.

Ese fármaco se emplea en los laboratorios para la fabricación de anfetaminas.

El fallo fue dictado por la jueza Mariana Daneira García Castillo contra Nicanor Rodríguez González y Magali Esther Rivas Sosa, propietarios del laboratorio Surgikon Farma Corporation.

El dictamen también afectó a los empleados de la pareja, César Domingo Jiménez y Cari García Guzmán, todos sometidos a la justicia en octubre de 2004.

La sentencia dictada contra el grupo fue leída el pasado lunes, de acuerdo a un informe divulgado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), organismo que ocupó la sustancia controlada y junto al Ministerio Público acusó a la pareja y sus empleados de violar la Ley 50-88, sobre drogas, y la legislación de Salud Pública.

El cargamento de pseudoefedrina fue interceptado por la DNCD en uno de los almacenes del Aeropuerto Internacional Las Américas, desde donde sería llevada por los imputados a un local de su propiedad, en Bayona, Santo Domingo Oeste, lugar allanado entonces por el fiscal adjunto Manuel Acosta.

La DNCD dijo que los esposos detenidos eran, hasta entonces, miembros de una red internacional que recibía medicamentos controlados desde Asia, sobre todo de India, los que luego enviaban a México y Centroamérica. Esos productos, dijo el organismo, son empleados para elaborar drogas sintéticas.

Durante uno de los allanamientos a los locales donde eran guardadas las sustancias controladas fue encontrada una porción grande de marihuana, pero ese elemento no fue tocado por el tribunal al ser conocido el fondo de la causa y tampoco los puntos previstos en la Ley 50-88 cuando alguien es detenido traficando con productos como el citado.

Los acusados fueron condenados a dos años de prisión y al pago de una multa de 15 veces el salario mínimo a favor del Estado Dominicano por violar los artículos 110 y 115 de la Ley General de Salud, la número 42-01.