La gravedad de los hechos atribuidos a los imputados por el fraude por 2 mil 500 millones de pesos cometido en la Cooperativa de Herrera (Coop-Herrera) contra más de 20 mil personas, conlleva pena de 20 años de prisión en un juicio de fondo, según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción a los imputados en el entramado criminal.

Los siente encartados en la red delictiva están imputados de estafa, asociación de malhechores, abuso de confianza, testaferrato, violación a la Ley núm. 127-64 sobre Cooperativismo en la República Dominicana y lo peor, lavado de activos proveniente de actividades ilícitas, un tipo penal que conlleva penas de hasta 20 años.

Estructura criminal

La red desmantelada mediante la Operación Búho, el pasado miércoles, falseaba documentos y firmas para sustraer fondos de los ahorristas, siendo una práctica recurrente la alteración de los sistemas informáticos, reestructuración ficticia de préstamos, apertura de certificados financieros sin respaldo y cobro de intereses generados por certificados ficticios, simulación de préstamos para distraer fondos de los socios, no inscripción de garantías en bienes, alteración de los estados financieros, así como la violación de los controles internos de prevención de lavado de activos, entre otros.

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Señala el MP que el 95% de los inmuebles adquiridos fueron comprados a una mismas personas de forma directa o través de empresas vinculadas al grupo Vargas Maldonado, como son Inversiones Inmobiliarias Harna S.A., Covasna Corporation SRL, Glover Properties, las cuales poseen como socios a los señores Alan Omar Vargas García y Miguel Paul Vargas García.

En lo relativo al apartamento ubicado en el Condominio Blue Beach Punta Cana, este fue adquirido a Francesco Lovaglio Tafuri, de nacionalidad italiana, en fecha 04 de marzo del 2022, según el acto de venta por un monto de DOP$ 2,000,000.00, persona vinculada a una red de corrupción dedicada a la legitimación de capitales en Venezuela, proceso del que se encuentra también acusada la presidenta del Banco de Tesoro de dicho país, Eneida Laya.

Entramado

Un ejemplo de las aperturas de certificado a plazo fijo sin respaldo se evidencia en el año 2020, durante el confinamiento producto del COVID19, en donde Jorge Eligió Méndez, principal imputado del caso Búho, procedió a simular la apertura de nueve de estos productos

financieros para un total de trece millones treinta y cinco mil cien pesos (DOP$ 13,035,100.00), siendo estos autorizados por Ana Cecilia Tejada Santos, a sabiendas de que los mismos no poseían respaldo alguno.

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