El licenciado Eddy Olivares, miembro de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE), atribuyó hoy a la falta de comunicación el conflicto sobre la denuncia de la magistrada Aura Celeste Fernández y afirmó que una de las contribuciones de ese tribunal al país es el debate público de los temas que les conciernen.

Hubo falta de comunicación. Hubo planteamientos que fueron interpretados de una manera diferente y esto generó todo este debate, manifestó.

Señaló que muchos de los reclamos de Fernández sobre la ejecución presupuestaria del tribunal se estaban cumpliendo, aunque no de manera general.

Explicó que, por un error involuntario, los informes sobre la ejecución presupuestaria del tribunal de elecciones no estaban llegando a los magistrados de la Cámara Contenciosa, aunque sí al presidente de ese organismo, Mariano Rodríguez.

Olivares fue entrevistado por los productores del programa El Día, Huchi Lora y Patricia Solano, en el canal 11.

Dijo que los asuntos relacionados con dinero hieren sensibilidades, por la falta de cultura de rendición de cuentas de la cual adolece el país.

No obstante, reconoció el derecho de Fernández a pedir información sobre el manejo de los fondos en esa institución.

Consideró que cualquier ciudadano, por humilde que sea, tiene derecho a recabar información sobre el funcionamiento de las instituciones públicas.

El funcionario informó que los jueces electorales acordaron, en su reunión del pasado viernes, debatir ampliamente el tema y acordaron que, cada seis meses, los magistrados recibirán un informe de la ejecución presupuestaria de la JCE.

Hemos recibido una serie de informaciones que no teníamos y los magistrados informaron en detalles todo lo relativo a la ejecución presupuestaria, dijo Olivares.

Uno de los beneficios más importantes de la reunión del viernes es que la Comisión de Presupuesto le dará un seguimiento mucho más permanente a la ejecución presupuestaria.

Esa comisión la integran el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán y los presidentes de las Cámara Administrativa y Contenciosa, Roberto Rosario y Mariano Rodríguez, respectivamente.

Consideró que en la JCE las sesiones deben ser públicas, con la presencia de los ciudadanos y transmitidas por la Internet, para que se evidencie por qué votó cada magistrado y cuál es la responsabilidad de cada uno.

Un desafío en el 2010

Olivares afirmó que ese tribunal y los partidos políticos tienen el gran desafío de evitar que las elecciones del año 2010 sean asaltadas por el dinero del narcotráfico y de las instituciones públicas, incluyendo los ayuntamientos. La JCE debe tener cinco miembros.