El Nacional
El traspaso del Fondo Nacional de Atención Médica por Accidentes de Tránsito (Fonamat) al Seguro Nacional de Salud (Senasa) sigue creando controversias, ya que mientras ésta entidad anuncia que atenderá a los afectados sin importar a qué ARS estén afiliados, la Confederación Patronal (Copardom) consideró ilegal la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.

Senasa anunció en un comunicado publicado hoy, que a partir de la medianoche del 31 de diciembre prestará asistencia a todos los ciudadanos afectados por accidentes de tránsito, independientemente de la administradora de riesgos de salud a la que estén afiliados quienes requieran de esos servicios.

Sin embargo, la Confederación Patronal (Copardom) reiteró que favorece la continuación de los servicios para los afiliados al régimen contributivo que sufran accidentes de tránsito más allá del próximo 31 de diciembre de 2008, cuando vence la vigencia del Fonamat, pero sin violar la Ley, como se pretende a través de la canalización de esos servicios a través de Senasa.

La presidenta de Copardom, Maribel Gassó, manifestó que el sector empleador favorece que los servicios y prestaciones previstos para aquellos afiliados al régimen contributivo que sufran accidentes de tránsito sean extendidos más allá del 31 de este mes con los excedentes que los aportes al Fonamat han producido, con los cuales se estaría cubriendo de la misma forma que hasta ahora por un espacio adicional de tres a cuatro meses.

Gassó indicó que los representantes del sector empleador hicieron esa propuesta en la última sesión del organismo y solicito que durante ese tiempo se hicieran los estudios actuariales correspondientes para establecer la fuente de financiamiento del Fonamat.

En opinión de la presidenta de Copardom, ¨centralizar estas prestaciones en una Administradora de Riesgos de Salud como Senasa no sólo crea un privilegio de una ARS por encima de las demás, sino que adicionalmente constituye una nueva violación a la ley que crea el Sistema de Seguridad Social.

Añadió a continuación que la propuesta del sector gubernamental implica cambios de importancia en la gestión y operación del sistema de coberturas de salud por accidentes de tránsito, y por demás rompe con la equidad que debe primar para todas y cada una de las instancias del sistema¨.