No es solo que en la Justicia se haya engendrado una red mafiosa. Es más que eso: ese sistema y otras instituciones del Estado, incluido el Consejo de la Magistratura, surgieron de una Constitución y de un poder político-económico previamente corrompido, tutelado por el Comité Político del PLD, su jefe de turno y socios empresariales; incorporando funestas herencias del PRSC y el PRD (parcialmente mutado a PRM).

Sus beneficiaros se dividen en facciones, siempre en ventaja quienes ocupan el Poder Ejecutivo.
En el presente, importantes enclaves para administrar impunidad en los tribunales, los controla el ex-presidente morado; mientras que para fines parecidos, la otra facción manipula el Ministerio Público desde el Palacio Nacional. Ambas condicionadas por el pacto electoral y las oportunidades para joderse entre sí.

La historia se repite a lo largo de un Estado delincuente y canceroso, con metástasis en sus órganos esenciales.
En el caso en que inculpa al magistrado Francisco Arias Valera y a la jueza Awilda Reyes Beltré, no hay manera de ocultar su conexión con la pugna por el control de ese poder corrompido, útil para “blindar” delitos propios y asociados. Y aunque su despliegue ha impedido encubrir a altas figuras de la Suprema y del pasado gobierno como cabecillas de esos manejos, ellas son protegidas por “decisiones de Estado” de la CP del PLD.

Por otra parte, no hay manera de obviar el proceder dual de los jefes del Ministerio Público, atado al pacto de impunidad peledeísta y al afán reeleccionista del actual usuario de la atractiva “silla de alfileres”. Casos como OISOE, Funglode-Leonel, Félix Bautista, Díaz Rúa, plantas a carbón…no dejan dudas.

El poder judicial, pues, no es el único degradado. Vigente esta Constitución-2010, este Estado, estos cuerpos militares y policiales, este sistema político y sus asociaciones delictivas en negocios formales y no formales, resulta que todos los poderes temporales (electivos) y permanentes (no electivos) están pudriéndose; al extremo de que los intentos de reformarlos desde su interior no pasan de ser simples cambios de dueños, nuevos repartos y variaciones en la correlación entre agentes corrompidos.

Esta realidad es la que permite visualizar la necesidad de reemplazar esta Constitución y este Estado, refundando sus instituciones y sus bases programáticas a través de una Constituyente Popular y Soberana, construida desde la democracia se calle, desde una movilización multitudinaria capaz de inhabilitar los poderes corrompidos y abrirle cauce a la creación de los nuevos.