El período de legislatura extraordinaria convocado por el presidente Luis Abinader se extenderá por nueve días, tiempo suficiente para que el Senado y la Cámara de Diputados concluyan los trabajos de revisión del Código Penal y aprueben esa pieza con más consenso que disenso.

Aunque el decreto presidencial, que dispone la extensión de las labores congresuales hasta el 5 de agosto establece que las cámaras podrán abordar proyectos del Poder Ejecutivo, de propios congresistas o de instituciones con calidades para ello, no sería prudente que se cuele gato entre macuto.

En torno al Código Penal, la extensión de la legislatura permitirá que senadores y diputados eviten en lo posible exceso de velocidad y reflexionen sobre artículos que han sido objeto de amplias discusiones, como ha sido el tema de las tres causales que permitiría el aborto terapéutico.

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El Congreso está compelido a convertir en ley esa trascendente pieza legislativa en el entendido de que ese texto no podría alcanzar pleno consenso laboral o social, pero sí acercar posiciones disimiles hasta un conveniente punto intermedio.

La discutida Ley de Residuos Sólidos y la muerte prematura del proyecto de Inquilinato deberían servir de lección a los legisladores sobre la necesidad de hacer las cosas bien, de resistir presiones y de legislar por el bien común y no para favorecer intereses corporativos, políticos o sociales.

Es claro que durante los nueve días de legislatura extraordinaria, la sociedad tendrá que dormir con uno de los ojos abiertos ante el riesgo de que de día o de noche se cuele algún proyecto nocivo o tóxico, de esos que deambulan por el Congreso.

La sociedad toda aguarda con mezcla de angustia, esperanza y confianza que el Congreso de la República se coloque a la altura de las circunstancias y, contra viento y marea, convierta en ley el proyecto de Código Penal.