Los abogado Olivo Rodríguez Huertas y Patricia Santana consideraron ayer que el país se ha consolidando el estado de derecho, así como el constitucionalismo, teniendo así el ciudadano un espacio más amplio de libertad sobre las cosas que no están expresamente prohibidas.

El primero cree que de manera llana existe una dinámica que obliga que cualquier institución en afectación a los derechos de las personas, tiene que venir del ordenamiento jurídico preestablecido y aplicado por la entidad competente.

“Estado de derecho significa que todas las personas están sujetas dentro del Estado, tanto los públicos como los privados, a un orden jurídico establecido. Esa es la parte esencial de lo que es un estado de derecho”, expresó.

Rodríguez Huertas habló al respecto al participar en el almuerzo semanal de los periódicos Hoy, El Nacional y El Día, del Grupo Corripio, donde estuvo acompañado de sus colegas Miguel Valerio y Patricia Santana.

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Rodríguez Huertas afirmó que este estado de derecho encontró su gran anclaje en la reforma constitucional del 2010, donde no solo se amplió la esfera de los derechos fundamentales en el país, sino que procuró establecer un conjunto de garantías.

“Hay un arsenal de medidas en la Constitución que procura que esos derechos sean realmente efectivos y que se cuente con instrumentos. Porque de nada vale que la Constitución establezca un catálogo de derechos si las personas en caso de incumplimiento, en caso de violación de los mismos no puedan revertir esa situación”, expresó.

Rodríguez Huertas resaltó la creación en esa modificación del Tribunal Constitucional, el cual ha venido a garantizar la supremacía de la Carta Política del país, tras abogar por mecanismos que permitan el cumpliendo de las sentencias evacuadas por esa entidad.

Patricia

De su lado, Patricia Santana señaló que el constitucionalismo dominicano en los últimos 30 años ha tenido un impacto importante en la forma en la que se ha ido transformando el derecho en el país.

Sostuvo que a partir de 1997 se inició en la justicia una serie de las transformaciones, no solo en la reforma que hubo en el poder judicial, sino en legislaciones en favor de la protección de personas y puso de ejemplo la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar.

Consideró que esa prerrogativa vino a garantizar desde la justicia penal, una protección diferenciada a mujeres y niñas.

“Me parece importante traerlo a colación, porque precisamente en ese mismo periodo el país asumió compromisos internacionales para la protección de derechos humanos de mujeres y niñas de manera particular”, expuso Santana, al tiempo que resaltó, al igual Rodríguez Huertas, la Constitución del 2010, por considerarla un instrumento completo.

“Esta Constitución no solamente reconoce a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho y las implicaciones que esto tiene en el derecho y en nuestra sociedad y muy particularmente en las personas”, subrayó el jurisconsulto.

Agregó que con esa Carta Magna se hizo un buen ejercicio y reconoce como su fundamento la dignidad de las personas y la obligación del Estado.

Exfuncionarios

Miguel Valerio relaciona la falta de sentencias contra exfuncionarios al volumen de los expedientes que instrumenta el Ministerio Público y a la cantidad de personas involucradas, aunque reconoce que hay que evaluar caso por caso. “Hay muchas cosas que inciden en los procesos penales: las evidencias que usted lleve a los procesos y las vías jurídicas que se escogen”.

“Cuando un proceso tiene más de tres personas, es un laberinto judicial que se hace. Cuando tiene 60,70 y 80 personas, eso es prácticamente imposible poderlo llevar”, agregó.