Autoridades dominicanas y de Estados Unidos desmantelaron un entramado criminal que desde plataformas digitales perpetraba fraudes informáticos, robo de datos personales y suplantación de identidad en perjuicio de más de 400 adultos mayores estadounidenses a los que estafaron con más de cinco millones de dólares.

Ese esquema transnacional operaba desde un centro de llamadas en territorio dominicano, pero las víctimas eran personas, con una edad promedio de 84 años, residentes en diversos estados de la Unión Americana, a las que informaban que un nieto u otros parientes estaban en problemas y requerían de dinero.

El Ministerio Público y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) realizaron allanamientos simultáneos en República Dominicana y Estados Unidos, con la detención aquí de 13 personas, cuatro de ellas requeridas en extradición por la justicia estadounidense, incluido a Oscar Manuel Castaños García, sindicado como la persona que dirigía lo que se definió como “sofisticada operación”.

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Ahora se entiende la importancia de identificar en el nuevo Código Penal los crímenes y delitos que se perpetran desde plataformas digitales, como los cometidos desde un “call center” operado desde República Dominicana en perjuicio de más de 400 adultos mayores estadounidenses, victimas de estafas por más de cinco millones de dólares.

El Código Penal, que tendrá vigencia a partir de agosto de 2026, incluye tipos penales como el ciberbullying, referido al acoso a través de medios digitales; violencia económica, que castiga las acciones que buscan dañar económicamente a otra persona; la creación de “deepfakes” o contenido digital falso con fines de extorsión, y la estafa piramidal, entre otros.

Instalar aquí una sofisticada plataforma digital con el propósito de estafar o extorsionar a centenares de personas envejecientes residentes en otro país, constituye un crimen transnacional inhumano o deleznable, cuyos responsables merecen sufrir las mayores condenas emitidas por tribunales dominicanos y estadounidenses.

A la suprema Corte de Justicia corresponde autorizar la solicitud extradición de cuatro de los 13 acusados por este crimen para ser juzgados por una corte de Massachusetts, donde residen al menos 50 de las víctimas de ese entramado criminal, en tanto que el resto del grupo tendrá que responder por un rosario de imputaciones, incluida la de lavado de dinero.

Delitos cibernéticos y otros ilícitos como narcotráfico, terrorismo y trata de personas obligan a gobiernos y Estados a derribar barreras jurídicas, para facilitar la persecución, apresamiento y sometimiento a la justicia autores de esos crímenes, como ha sido la labor conjunta entre autoridades dominicanas y estadounidenses para desmantelar esa banda de estafadores digitales.