SANTIAGO. Cuatro años se cumplen hoy de las inundaciones causadas por las lluvias de la tormenta Olga, agravadas por el repentino desagüe de la presa de Tavera, acción que provocó decenas de muertos y millones de pesos en pérdidas por daños, tanto en esta ciudad como en comunidades de la Línea Noroeste.

La madrugada del 12 de diciembre del 2007 los residentes en las riberas del río Yaque del Norte, desde el barrio Bella Vista hasta Rafey fueron sorprendidos mientras dormían en el interior de sus casas por su inusual caudal, fundamentalmente por la tardanza con que las autoridades informaron sobre la liberación estrepitosa del agua que tenía almacenada en su embalse dicha presa y que subió paulatinamente y sin control.

Aunque oficialmente se informó que murieron ahogadas alrededor de 40 personas en esta ciudad, cifra que luego se determinó resultó insignificante, en vista del reporte de que los cuerpos de decenas de haitianos ilegales, que vivían en pensiones copadas por las aguas, así como algunos dominicanos, nunca aparecieron.

El desborde del Yaque del Norte significó esa madrugada su internamiento en calles y avenidas de los barrios inundados y que están localizadas a varios metros de sus riberas. Además de Bella Vista y Rafey, fueron víctimas del evento residentes en el hospedaje Yaque, Cambronal, Tabacalera, La Joya, Baracoa y el ensanche Bermúdez.

De la desgracia que significó para esta ciudad y parte de los pueblos noroestanos se culpó a las autoridades del Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Hindrhi) en el entendido de que no supieron avisar con tiempo del desagüe a que sería sometida la presa de Tavera la noche anterior de la tragedia.

Sin embargo el Gobierno mantuvo su criterio de que se actuó correctamente y a tiempo. El entonces director del Instituto de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel, justificó el desagüe de la hidroeléctrica, al afirmar que hubiese ocurrido una «catástrofe» de no tomar esa decisión.

Los efectos provocados por las inundaciones se prolongaron por varios meses, aunque hoy, cuatro años después, afectados reclaman al Gobierno el cumplimiento de promesas de ayuda, especialmente relacionadas con el reacondicionamiento de calles y avenidas dañadas por las aguas.

Como forma de resarcir en parte los daños que les provocó la riada en cuestión, el presidente Leonel Fernández, que entonces buscaba la reelección, dispuso ayudas estatales millonarias en beneficio de los afectados, muchas veces encabezando operativos de donación de efectos para el hogar.