El licenciado Hatuey De Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, y el secretario general, Rafael Gamundi Cordero, se opusieron este sábado a la reforma fiscal aprobada ayer en el Senado, al considerar que el interés del Gobierno es cubrir un déficit de 190 mil millones de pesos del expresidente Leonel Fernández, quien hizo uso excesivo, caprichoso e inadecuado de los fondos públicos.

Los dirigentes del PRSD manifestaron que los sectores de clase media y los dominicanos más pobres serían injustamente penalizados lo que va a provocar una mayor depresión económica y una mayor inflación.

Sin embargo, saludaron las medidas de austeridad y transparencia dispuesta por el presidente Danilo Medina.

En un documento de la Comisión Política, sobre la posición en torno a la reforma fiscal, De Camps y Gamundi entienden que todas esas medidas deben estar dirigidas a mejorar la calidad de vida de los dominicanos y a impulsar el desarrollo nacional de modo transparente.

El PRSD no tiene ninguna objeción cuando se trate de reformas de esta naturaleza, en beneficio de la población y el país, expresa el documento firmado por ambos dirigentes políticos.

Agrega que siendo así como lo es, los sectores nos oponemos a que se acoja y aplique la reforma fiscal en la forma expuesta, por considerar que los sectores de la clase media y los dominicanos más pobres serían injustamente penalizados lo que va a provocar una mayor depresión económica y una mayor inflación.

De Camps y Gamundi Cordero proponen la disminución del gasto público de modo sensible, incorporando las pensiones privilegiadas de organismos descentralizados.

Asimismo, señalan que se debe eficientizar el cobro de impuestos a la Transferencia de Bienes y Servicios (Itebis) y aplicar el artículo 5 de la Constitución proclamada el 29 de abril de 1963, que declara delitos contra el pueblo los actos realizados por quienes, para su provecho personal, sustraigan fondos públicos y a sus violadores aplicarles la pena de degradación cívica.

Plantearon revisar junto a las partes los contratos mineros lesivos al interés nacional así como los contratos de empresas generadoras de electricidad que constituyen un insulto a la población.

Los dirigentes del PRSD pidieron crear e implementar una ley tope de salarios en el sector público de modo que ningún funcionario devengue un sueldo superior a los 300 mil pesos, prohibiendo recibir comisiones, bonos o cualquier otra forma oficial que permita superar este tope salarial.