Cualquiera que haya tenido la oportunidad de vivir por largo tiempo en la República Dominicana, o que se proponga hacer una excursión por la hemeroteca nacional, observará que las siglas del FMI eran desconocidas; asimismo sucede con los Bonos Soberanos, que aparecen a mitad del siglo XlX dejando pésimos recuerdos. Del FMI sólo conocíamos de la filiación del país en 1945.

Indudablemente esta institución ha tenido que involucrarse de lleno en el diseño y aplicación de políticas económicas dirigidas a promover la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que son esenciales para el bienestar económico.

Pero la absoluta verdad es que desde 1978 hacia atrás, raras veces se hablaba de FMI y bonos excepto en las altas instancias de poder (B. Central, Secretariado Técnico, y Presidencia). Me atrevo a creer que ministros y funcionarios; diarios y televisión, tampoco alcanzaban a saberlo.

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No era noticia. Pero, desde que el populismo clientelista y la bisoñéz se instalaron en la Presidencia con ánimo de gozar del poder en forma desaforada, con un gasto manirroto e inventando todas las pócimas y locuras económicas para lograr sus propósitos, comenzamos a darnos perfecta cuenta que la disciplina la imponía el Fondo.

Recordemos aquellos agentes con caras adustas que venían a imponer medidas saneadoras (“ajustes dolorosos”, por ahora superados gracias al manejo macroeconómico de los últimos 20 años), y que eran verdaderas cirugías sin anestesia, exponiendo el país al remolino social, a la ebriedad callejera ocasionando lamentables tragedias.

Todo este conflictivo equilibrio derivaba en compromisos permanentes con la estabilidad y eficiencia públicas. Claro, quedamos hipotecados a su vigilancia y control por el carnaval de deuda externa que jamás se extinguirá, todo un amplio y plural espectro de acreedores: bancos, bonistas, gobiernos, organismos, y demás hierbas del tupido y crecido herbazal.

Así lo sentimos, pues en ese deterioro, en esa pluralidad está atrapada la República, con peligro de su soberanía, porque aunque se autogobierne, su derecho a decidir y sus iniciativas para el porvenir quedan limitados, y sólo eso constituye un despropósito injusto.