A partir de enero los dominicanos tendremos que aportar de manera compulsiva entre el 2 y el 18% de nuestros ingresos al erario a fin de reponer los 173 mil millones de déficit que tiene la nación.

El gobierno no le ha sabido responder a la sociedad el destino de esa voluminosa cantidad, que multiplica por tres el hoyo que provocó al país la quiebra de tres entidades bancarias en el 2003.

Sin embargo, ante los reclamos de la gente, el expresidente Leonel Fernández, tuvo el valor de revelar que el responsable del déficit fiscal había sido su antecesor, el expresidente Hipólito Mejía.

Ahora todo el país sabe a quién hay que pasarle factura por esta desgracia económica que llevará a la miseria extrema a otros 500 mil dominicanos. Ya tenemos dos millones en ese renglón.

Los cargos serían sencillos contra el expresidente Mejía, pues si él es responsable del déficit, hay una violación flagrante al acápite 1 del artículo 146 de la Constitución de la República.

Ese acápite establece sanciones contra las personas que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de su posición en el Estado, obtenga para sí o para terceros provecho económico.

La revelación del doctor Fernández debe ser tomada por el Ministerio Público e investigar al expresidente Mejía, porque a lo mínimo que esta sociedad aspira es a una explicación sobre el destino del dinero de los contribuyentes.

Todo el mundo en este país conoce el nivel de responsabilidad del exmandatario Fernández, por lo que éste no se aventuraría a una denuncia de ese nivel sin tener las pruebas suficientes que la avalen.

Hecha la denuncia, posteriormente respaldada por el presidente del Senado, corresponde ahora al procurador general de la República, citar a Mejía para que éste explique lo que hizo con el dinero o en qué lo invirtió.

En caso de que Mejía sea hallado culpable del déficit debe pagar como cualquier ciudadano. Pero si la responsabilidad es compartida o el culpable es otro. ¿Qué pasaría?